Culiacán, Sin.- Transcurrían los últimos días de gobierno de Jesús Enrique Hernández Chávez, alcalde de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando funcionarios de su gobierno y el propietario de Grúas Culiacán S.A de C.V., firmaron un contrato de concesión por 20 años para almacenar y resguardar los vehículos detenidos por la Policía de Tránsito de Culiacán.
Aquel día, el documento firmado por las dos partes, municipio y concesionario, quedó guardado para la posterioridad como testigo de los acuerdos y obligaciones allí expresados, pero parece que a las dos partes, tanto municipio como prestador de servicio, se les olvidó tal documento, y los únicos afectados son los dueños de vehículos retenidos y la ciudadanía en general, a causa de la contaminación.
Las firmas del secretario del Ayuntamiento de Culiacán, Pedro Montes Alvarado, el de la oficial Mayor, Leticia Gaxiola Paredes, y del representante legal de Grúas Culiacán S.A de C.V., Ricardo Laura Garzón, avalaban la concesión para la operación de la pensión o corralón donde se iban a depositar, guardar y custodiar camiones, automóviles y motocicletas accidentadas o detenidas por la Dirección de Tránsito Municipal de Culiacán.
Esta acción fue tomada ante la saturación de las instalaciones del corralón de tránsito ubicado en aquel entonces en la colonia Bachigualato, frente a las oficinas de Sagarpa, el cual había llegado al límite de su capacidad, además de algunos incendios y la inconformidad de los usuarios por el robo de autopartes en dicho lugar.
En el contrato del 2004 se puede leer claramente que las nuevas instalaciones de Grúas Culiacán estaban ubicadas por el libramiento Benito Juárez La Costerita, a la altura del kilómetro 6, con una capacidad para resguardar mil 500 vehículos, con calles interiores de 10 metros de ancho, con un terreno totalmente bardeado con malla ciclónica y terminación de rollos de navaja electrificados.
En la quinta cláusula al concesionario se le obliga, entre otras cosas, a garantizar la plena seguridad de los vehículos que se depositen y guarden en las instalaciones. En la séptima, a llevar un libro de registro de vehículos donde se deberá anotar las fechas de entrada y salida de los vehículos; y en la novena, que establezca medidas de seguridad para garantizar el buen estado de los vehículos y el contrato de seguros ante cualquier eventualidad por pérdidas totales o parciales que estos sufran.
En la décima cláusula, al concesionario se le hace responsable del faltante de cualquier parte de los vehículos que consten en el inventario respectivo y cuyos daños y faltantes deben de ser reemplazados a satisfacción del usuario; en la decimonovena, señala que después de 6 meses de estar bajo custodia de la empresa algún vehículo, éste puede ser rematado de manera coordinada por el concesionario y el municipio para los gastos que se generen por el cuidado de la unidad.
En la vigésima tercera señala que el concesionario está obligado a dar limpieza, supervisión y mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones del inmueble en donde se presenta el servicio de concesión, siendo éste el único responsable de los daños que se puedan derivar de la prestación del servicio; por último, en la vigésima sexta clausula inciso 2 señala que es motivo de rescisión del contrato el no realizar la prestación del servicio de manera adecuada, regular y uniforme.
Desde ese día 13 de diciembre del 2004 cuando se firmó el documento anteriormente mencionado han trascurrido 5 mil 622 días y de los cuales en el último año han sido los más intensos en cuanto a incendios se refiere, ya que a principios del 2018 se presentó una serie de denuncias en contra de dicha empresa por corrupción, ya que usuarios al ir a reclamar sus vehículos los encontraban desmantelados y en ocasiones varias motocicletas no aparecieron.
Para mediados de ese mismo año el corralón ya presentaba 150 denuncias por robo de autos asegurados, cuyos expedientes corren bajo proceso en la Fiscalía General del Estado, pero en ese año el escándalo solamente era por los faltantes de motocicletas y robo de autopartes como llantas, transmisiones y asientos de unidades.
Hoy en día, en tan sólo cinco meses que lleva el año, la pensión se ha incendiado en no menos de 30 veces y además de las pérdidas materiales en los vehículos incendiados, la grave contaminación es evidente al nublarse casi a diario el sur de la ciudad con el humo de los incendios incontrolables en Grúas Culiacán.
El pasado 22 de abril, personal de Protección Civil, junto con elementos de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Culiacán, clausuraron la entrada principal de las instalaciones de Grúas Culiacán, pero días después curiosamente los sellos de clausura fueron retirados y posteriormente se colocaron de nuevo, pero hasta el momento se desconoce qué tipo de sanción se le ha aplicado o se le va a aplicar a dicha empresa.
Desde hace tres años la Semarnat dio a conocer un plan para el manejo de vehículos en depósitos y corralones que son almacenados en grandes cantidades por tiempos prolongados en las ciudades y los cuales generan un riesgo para la población al liberar sustancias y materiales peligrosos contenidos en ellos, que generan un gran riesgo al ambiente y ni se diga cuando se trata de un incendio.
A través de un recorrido en los exteriores de los terrenos de dicha pensión, Línea Directa logró confirmar que no se cuentan con medidas de seguridad, ya que la mayoría de la barda de malla ciclónica está derribada, rota o ya no existe y la electrificación de los rollos de navajas quedó solamente plasmada en el documento firmado hace poco más de 15 años.
