Culiacán, Sinaloa. Los dos sujetos detenidos por fuerzas federales en el puerto de Mazatlán, integrantes de una célula delictiva dedicada al delito de extorsión, según lo dicho por el secretario de Seguridad a nivel federal, Omar García Harfuch, serán puestos a disposición de un juez, y se les sumarán delitos contra la salud, así lo informó la fiscal General de Sinaloa (FGE).
Claudia Zulema Sánchez Kondo, titular del organismo autónomo, en entrevista durante el festejo del Día del Ejército este jueves 19 de febrero de 2026, declaró que recibieron en la agencia del Ministerio Público dos personas detenidas en flagrancia delictiva por parte de elementos federales, tema que se trabaja para ponerlos a disposición de un juez.
Sánchez Kondo comentó que se encuentran dentro del término legal para fincarles responsabilidades jurídicas por los delitos de extorsión, así como contra la salud.
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“Recibimos dos personas detenidas en flagrancia el día de ayer (18 de febrero) por las autoridades federales, se recibieron en la agencia del Ministerio Público, estamos dentro del término constitucional para ponerlos a disposición ante el juez penal. Es en Mazatlán, los recibimos por los delitos de extorsión y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo”, indicó la funcionaria estatal.
Cabe señalar que estas dos personas presuntamente forman parte de un grupo delincuencial dedicado al delito de extorsión, quienes al parecer obligaban a firmar pagarés y documentos apócrifos para imponer cuotas periódicas a comerciantes del mercado de abastos en Mazatlán.
Se les detuvo en posesión también de dinero en efectivo producto de la extorsión, celulares y dosis de narcóticos, por ello es que se les fincará este delito contra la salud.
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¿Cuál es la pena al ser juzgado por el delito de extorsión en Sinaloa?
Anteriormente las penas por el delito de extorsión alcanzaban hasta los 12 años de prisión, pero recientemente se realizó una nueva legislación en febrero de 2026, la cual endurece las penas para quienes son detenidos en Sinaloa, pasando de 15 a 25 años de cárcel.
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