Culiacán del caos vial sin remedio, Sinaloa, 12 de junio 2023. A petición de los dos o tres críticos lectores que acostumbran enviar algún mensaje a este columnista (la única vía es el correo que aparece al final) volvemos con el asunto de la tal Ceaipes.
Es importante destacar que, respecto a las obligaciones de todas las entidades públicas que reciben recursos del erario, desde la Ley de Responsabilidades, de la que se colgó la Laipes, se deriva, sin necesidad de trámite alguno, incluso sin solicitud expresa, que todas esas entidades deben publicar sus manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las minutas de las reuniones oficiales.
Es lo mismo que se retoma en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (Laipes) en cuyo artículo noveno, capítulo segundo, se agrega que la información mínima debe ser publicada y se precisa que las “entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie solicitud al respecto”, lo siguiente:
f) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente.
g) La relación a detalle de todas las personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos.
DE REPETIR SE TRATA
Además, en el Artículo 13, se indica que las entidades públicas están obligadas a realizar actualizaciones, a más tardar cada tres meses de la información referida; el Artículo 14 ordena sistematizar la información, publicando a través de los medios electrónicos disponibles sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.
Si bien en la Ley de Responsabilidades no se incluían recursos tecnológicos recientes, del negocio internético, la derivación es evidente.
Aún más, en el vigente Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, fracción X, sobre la transparencia, se establece que “los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto”.
¿Para qué, pues, Laipes y Ceaipes?
¿Y QUIEN REALMENTE CUMPLE?
Ahora bien, ¿cuál entidad pública de Sinaloa cumple cabalmente con lo establecido en la ley de acceso a la información, aunque tal ordenamiento sea casi una repetición a la letra de la ley de responsabilidades de los servidores públicos?
¿Dónde encuentra el ciudadano común, a la mano, sin berenjenales burocráticos, excesivos y mañosos, la información mínima de oficio a la que están obligadas todas las instancias señaladas en la Ley de Acceso?
Ni siquiera cuando se transita ese relajo de pretextos para ocultar la información pública se tiene éxito en la mayoría de los casos.
SANCIONES DE A MENTIRITAS
¿Quiénes han sido sancionados en serio (y prácticamente todas las entidades públicas violan esa ley a diario) por incumplir el precepto legal? Peor aún: por impedir que la ciudadanía y los medios accedan a la información relevante sin necesidad de berenjenales.
Un cuento, sin más y, dígase lo que se diga, el hecho irrebatible es que la desinformación y el ocultamiento prevalecen, mientras que algunas deshilvanadas “sanciones” son de florero.
En tanto, la tal Ceaipes ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, como la Puerta de Alcalá (pero pagando onerosos sueldos y cara publicidad).
NECESARIO EVALUAR PERTINENCIA
En el Ayuntamiento de Culiacán hay dependencias (independientemente de su orden jerárquico) claramente repetitivas. Dirán que unas son secretarías, otras subsecretarías, además de direcciones, coordinaciones o lo que se les ocurra, pero para el caso es lo mismo, si de funciones designadas se trata.
Situaciones parecidas se dan en los gobiernos estatal y federal, dejando claro que es urgente una auditoría de funciones.
EN EL TINTERO
-Y en el rejuego de las simulaciones hay por ahí un “Instituto de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas”, también de cara factura.
-La cámara de diputados federales y la de senadores están convertidas en un circo en el que participan todos los partidos ahí representados. Falta nivel, en general, respeto a la Institución, clase. Todo apunta a que los excesos continuarán, sin remedio a la vista.
-La ultraderecha mexicana, un tanto desvaída, se apresta a descomponer en lo que pueda los próximos comicios.
-¿Qué sobre las “corcholatas”, el tal consejo ese, las campañas adelantadas, la “oposición” al garete y sin oficio, las elecciones negociadas en Coahuila y el termómetro a la baja en el Estado de México? ¿Tiene caso?
-¿“Mar de Cortés”? ¿Qué también lo van a fraccionar los españoles “inversionistas” y sus socios locales? ([email protected]).
