En Sinaloa la violencia no distingue gobiernos ni colores de partido. Desde la modernidad política del Estado, todos los gobernadores han sentido en carne propia la presión del narcotráfico y del crimen organizado.
Francisco Labastida, Renato Vega Alvarado, Juan S. Millán, Jesús Aguilar Padilla, Mario López Valdez y Quirino Ordaz cargaron en su momento con episodios que estremecieron a la sociedad. Ninguno salió ileso de esa sombra que se cierne sobre la vida pública de Sinaloa.
El caso de Rubén Rocha Moya, sin embargo, tiene un matiz distinto. Su gobierno no solo ha enfrentado crisis de seguridad y operativos de alto riesgo, sino que la violencia ha alcanzado a su círculo más íntimo.
Lo ocurrido el pasado martes en Culiacán, cuando escoltas de gobierno fueron atacados y en la unidad viajaba su nieta, lo colocó en un escenario de presión excepcional: el crimen organizado irrumpió en la esfera personal del mandatario. Lo notable es que, a pesar de las críticas constantes en los medios y de los intentos por arrinconarlo, Rocha sigue firme en el cargo.
La pregunta es necesaria: ¿por qué no han podido derribarlo?
Tal vez la explicación esté en su capacidad para resistir sin ceder, o quizá en las dinámicas de poder de un estado donde la política parece regirse por una regla no escrita: la supervivencia depende más de la resistencia que de la fuerza.
Lo cierto es que, pese a los señalamientos y a la presión constante, hasta el momento no ha aparecido una sola evidencia contundente —un audio, un video, un documento— capaz de comprometer a Rocha de forma irrefutable y ponerlo contra la pared.
Sinaloa, una vez más, se debate entre la violencia y la esperanza de un futuro más seguro. Y en esa tensión, Rubén Rocha enfrenta la que quizá sea la mayor prueba política y personal de un gobernador en las últimas décadas.
La cuestión es si logrará superar esta dura prueba o si la presión terminará por doblegarlo.
