El atentado de este martes en Culiacán, donde una nieta del gobernador Rubén Rocha resultó ilesa y un escolta estatal quedó gravemente herido, volvió a exhibir la vulnerabilidad en la que vivimos. La violencia de alto impacto está en las calles, amenazando la vida diaria de las familias. Pero en paralelo, persiste un delito que no se ha podido frenar: el robo de vehículos a mano armada.
Desde septiembre de 2024, cuando estalló la llamada “narco guerra”, Culiacán se convirtió en el epicentro de un repunte alarmante. Según cifras de la Fiscalía General del Estado, el robo de automóviles y camionetas no ha cedido (4 mil 600 en un año). Es, después de los homicidios y desaparecidos, el delito que más lastima a la sociedad sinaloense porque afecta directamente su patrimonio y su tranquilidad.
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Y hay un agravante: no solo lastima a trabajadores, mujeres y familias enteras, sino que los pone en riesgo inminente. Los delincuentes actúan con armas de fuego y sin escrúpulos disparan en cuanto detectan resistencia. No son pocos los casos en que víctimas de despojo han terminado lesionadas por intentar defender lo suyo. Ese nivel de violencia convierte al robo de vehículos en una amenaza directa contra la vida.
Paradójicamente, aunque este ilícito es del fuero común, son las fuerzas federales quienes encabezan los operativos. Guardia Nacional, Marina y Ejército patrullan y destruyen campamentos armados en la sierra, mientras los ciudadanos siguen padeciendo el despojo cotidiano con pistola en mano, en cruceros y colonias.
¿Por qué no han podido contenerlo?
Cada vehículo robado no es solo una cifra: es una familia lastimada, un trabajador sin herramienta de empleo, una mujer sin movilidad, un joven con miedo. En este contexto, el robo de vehículos se ha convertido en un mercado paralelo que financia grupos, los moviliza y fortalece su control territorial. Y aun así, no se percibe una estrategia clara para frenarlo.
El robo de vehículos no puede seguir viéndose como un daño colateral de la narco guerra. Frenarlo exige inteligencia, coordinación y voluntad política real de los tres niveles de gobierno. Pero también demanda una sociedad que no se resigne: denunciar, exigir y organizarse son pasos indispensables.
Culiacán merece recuperar su tranquilidad. Y en ese camino, exigencia ciudadana y responsabilidad gubernamental deben caminar juntas. Solo así podremos volver a vivir sin miedo a perder, en un instante, lo más valioso después de la vida misma: la seguridad y el patrimonio.
