Peculado, uso indebido de recursos, ejercicio irregular de la función pública, malversación de fondos, defraudación fiscal, abuso de poder y hasta lavado de dinero, son algunos delitos que diversas fiscalías han imputado a rectores y ex rectores de distintas universidades en México. Las universidades públicas son un apetitoso botín, fuente inagotable de recursos públicos que en manos de corruptos pueden generar fortunas millonarias para beneficio personal o de grupo.
En Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán ex presidente rector del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo fue vinculado a proceso por los delitos de peculado, lavado de dinero y defraudación fiscal producto de las investigaciones realizadas en el marco de la “Estafa Maestra”. Detenido mientras circulaba en un lujoso vehículo sobre la Av. circuito interior de la Ciudad de México, el ex diputado local por el PRI fue puesto a disposición de un juez, acusado por realizar una serie de operaciones irregulares por más de 151 millones de dólares entre cuentas de la Universidad y bancos suizos, por esto la DEA le seguía los pasos y ordenó congelar cuentas universitarias.
En Oaxaca fue detenido Eduardo Martínez Helmes ex rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez quien fungió en el cargo de 2012 a 2016. Vinculado a proceso por el delito de defraudación fiscal agravada, fue detenido después de participar en un encuentro con el Sindicato Universitario de Maestros. Al académico no le fueron suficientes 3 amparos interpuestos contra la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, así como ante la orden de aprehensión que emitió el juzgado de control que estudiaba su causa, valorada en una defraudación al patrimonio universitario por más de 355 millones de pesos.
En Morelos también se ordenó la detención del ex rector Alejandro Vera Jiménez acusado de abuso de confianza contra el Sindicato de Trabajadores Administrativos de dicha universidad. Consignado frente a decenas de comensales en un restaurante de Cuernavaca, el ex funcionario universitario trató de oponer resistencia, pero fue sometido a jalones y empujones por elementos policiacos que cumplían la orden de aprehensión. Al ex servidor público se le acusaba de desviar más de 600 millones de pesos del presupuesto universitario.
En Tabasco la acusación fue para el rector de la Universidad Popular de la Chontalpa, José Víctor Zárate Aguilera por malversación de fondo de los trabajadores universitarios, en particular por la retención de las cuotas patronales que la casa de estudios descontaba, pero nunca enteraba al Instituto de Seguridad Social del Estado. Por los hechos la FGE estimó en más de 30 millones de pesos el daño. Es importante señalar que el ex rector dejó el cargo al frente de la institución educativa para postularse como candidato a diputado local por el PRI en 2012.
A principios de este año en Nayarit, fue detenido el rector José Ignacio Peña González por malversación de recursos en la Universidad Autónoma de Nayarit. La Agencia de Investigación Criminal del Estado hizo pública la aprehensión del funcionario en el municipio de Tepic, así como la presentación del indiciado ante un juez de control de primera instancia por la imputación de los delitos de falsificación de documentos y abuso de autoridad. Junto al rector otros funcionarios de la comunidad universitaria fueron vinculados a proceso por diversos delitos incluyendo “abandono de funciones” y “fraude”, por la presunta venta de plazas docentes y “aviadurías” de personas que cobraban recursos de la Universidad nayarita sin ejercer su función.
Estos son los casos mas recientes de detenciones de rectores y ex rectores en universidades públicas nacionales. Si revisamos a detalle podremos ver que, en los últimos 20 años, más de 20 ex rectores y funcionarios universitarios de primer nivel han tenido problemas con la justicia. La detención de autoridades universitarias es más común de lo que nos imaginamos. Esto se debe, por un lado, a la visión patrimonialista del recurso público que tienen algunos universitarios, así como a la falta de transparencia y rendición de cuentas de los grupos que detentan el poder en las máximas casas de estudio. Y siendo claros ante la evidencia de los hechos, también se explican por los problemas político que muchos ex rectores hacen propios al decidir participar abiertamente en campañas y procesos electorales. La gran pregunta en el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa es: ¿Jesús Madueña seguirá la suerte de sus pares en Oaxaca, Morelos, Nayarit, Tabasco o Hidalgo? o ¿Será que las autoridades de justicia en Sinaloa le harán lo que al viento a Juárez? Luego le seguimos….
