Nos hemos acostumbrado a escuchar cifras de detenidos, armas aseguradas, vehículos decomisados y laboratorios desmantelados. Los reportes oficiales llegan prácticamente todos los días y forman parte de una realidad marcada por meses de enfrentamientos, operativos y una presencia federal sin precedentes en el estado.
El secretario de Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que las fuerzas federales han detenido a más de 2 mil 200 personas desde que se reforzó la estrategia de seguridad. La cifra es importante y sería mezquino no reconocerlo. Detrás de cada operativo hay trabajo de inteligencia, investigación, coordinación entre corporaciones y riesgos que enfrentan los elementos que diariamente salen a las calles en condiciones adversas.
Pero cuando una cifra alcanza esa dimensión, también obliga a formular una pregunta: ¿dónde están hoy esas más de 2 mil 200 personas detenidas desde que inició la pugna interna en el cártel de Sinaloa?
No se trata de cuestionar las detenciones. Tampoco de minimizar los esfuerzos institucionales. Se trata de entender si todo ese despliegue está logrando el objetivo que más nos importa a todos: que la justicia alcance a quienes hayan cometido delitos y que la impunidad empiece a retroceder.
Porque todos sabemos que la captura no es el final de la historia. Es apenas el comienzo.
Después siguen los ministerios públicos, los peritos, las carpetas de investigación, los jueces y los tribunales. Viene la parte menos visible, menos mediática y quizá la más importante de todas.
Ahí es donde una detención se convierte en una vinculación a proceso, en una sentencia o, en algunos casos, en una liberación. Y es precisamente en ese tramo donde la ciudadanía tiene muy poca información.
Sabemos cuántos fueron los detenidos. Lo que no sabemos con claridad es cuántos permanecen sujetos a proceso, cuántos enfrentan acusaciones formales, cuántos fueron liberados y cuántos han recibido una sentencia.
Ahí está la clave para entender si las instituciones de seguridad realmente están avanzando en la lucha contra el crimen o simplemente están administrando la crisis.
La pregunta adquiere todavía mayor relevancia porque Sinaloa no enfrenta únicamente un problema de violencia. También enfrenta un problema de confianza. Los sinaloenses queremos ver resultados, pero resultados que se reflejen en la vida cotidiana.
Queremos que disminuyan los homicidios, los desaparecidos, los desplazamientos forzados y los robos con violencia. Queremos que las calles vuelvan a ser espacios de convivencia y no territorios donde el miedo marca horarios y decisiones.
Por eso, medir el éxito de una estrategia exclusivamente por el número de detenidos resulta insuficiente. Las capturas de generadores de violencia son muy importantes, sin duda. Pero el verdadero indicador está en saber cuántos casos resisten el escrutinio judicial y terminan acreditando responsabilidades ante la ley.
Quizá ha llegado el momento de incorporar una segunda etapa a la rendición de cuentas en materia de seguridad. No solo informar cuántos fueron detenidos, sino también qué ocurrió con ellos.
Y no se trata de restar mérito a los esfuerzos que se realizan todos los días, sino para entender si el camino que se está recorriendo nos acerca realmente al destino que todos queremos alcanzar: la paz.
