Ciudad de México. – La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó sobre las acciones jurídicas emprendidas tras el fallecimiento de 17 personas mexicanas ocurridas desde mayo de 2025 en operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
Las medidas forman parte del seguimiento a las instrucciones emitidas por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 9 de julio.
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México presenta denuncias y solicita investigaciones internacionales
El 14 de julio, la Embajada de México en Estados Unidos transmitió al Departamento de Justicia, por conducto del Departamento de Estado, la denuncia enviada por la Fiscal General de la República, solicitando abrir investigaciones formales y emitir una respuesta sobre el curso de cada caso.
Un día antes, el embajador Roberto Lazzeri presentó 20 denuncias ante fiscalías estatales y de condado en los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas, donde ocurrieron los fallecimientos.
Durante reuniones con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE, Lazzeri expresó la preocupación del Gobierno de México por las condiciones en los centros de detención, incluidos los operados por empresas privadas, y pidió el esclarecimiento de cada muerte.
Acciones ante organismos internacionales y apoyo a familias
El secretario Roberto Velasco Álvarez envió una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, solicitando que se recabe información sobre los hechos, se analice su compatibilidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos y se formulen recomendaciones técnicas para prevenir nuevos casos.
La red consular mexicana brinda asistencia jurídica y apoyo a las familias de los fallecidos, incluyendo el traslado de restos y las gestiones necesarias para garantizar su protección.
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La SRE mantiene seguimiento puntual a las denuncias y espera las respuestas de las autoridades estadounidenses. El Gobierno de México reafirma su compromiso de defender los derechos de sus connacionales y exigir justicia ante cualquier violación ocurrida en territorio extranjero.
