Afirmar que los procesos anticipados en la selección de candidatos o candidatas a la Presidencia de la República desde el oficialismo (Morena, PT y Verde) o el frente opositor (PRI, PAN y PRD) no violan la ley, es parte arraigada de nuestra cultura política y su propensión a la justificación de la ilegalidad.
Los partidos políticos controlan el sistema político mexicano, son el eje central de las decisiones en materia política electoral. Y esto no es una obviedad, así lo vemos aquí en nuestra democracia parchada, porque en democracias avanzadas el centro de la política electoral es el ciudadano, sus derechos y la cultura de la legalidad.
En Morena su consejo político decidió emitir una convocatoria que busca elegir al próximo coordinador de la Defensa de la Transformación, que se convertirá de facto en el candidato o candidata presidencial, para todos los perdedores de la contienda en segundo, tercero y cuarto lugar, habrá premio de consolación. Cinismo del más puro.
Enfrente, la convocatoria se disfrazó de “ciudadana” para elegir al responsable nacional para la construcción del Frente Amplio por México. Igual que en la convocatoria del oficialismo, quien resulte electo del enredoso proceso interno será el abanderado presidencial de los opositores. Misma gata cínica, pero revolcada en el puritanismo “ciudadano”.
En las dos convocatorias se contemplan actos de proselitismo, recorridos por el país, uso de recursos privados y públicos para la promoción política con un evidente fin electoral, y la aceptación de reglas “metaconstitucionales” para acatar el resultado de sus procesos. Y todo ello -por más maromas que quieran dar en el frente oficial u opositor para justificarse con retórica y saliva- son burdos actos que pisotean la Constitución, las leyes y sus procedimientos.
Las preguntas aplican para ambos lados: ¿Cuánto cuesta cada uno de los mítines de las “corcholatas”? ¿Cuántos millones sumarán el costo de la recolección de 150 mil firmas de cada opositor que decida participar? ¿Cuánto cuesta cada una de las encuestas? ¿Quién las paga? ¿De dónde viene el dinero? ¿Quién lo fiscaliza? ¿Quién determinará la sanción en la violación de sus acuerdos?
En Morena no hay lugar a dudas, acabado el proceso cualquiera que sea la “corcholata” ganadora tendrá el respaldo absoluto de los perdedores, se tragarán el coraje y seguirán juntos en el llamado proyecto de la “4T”. Los premios de consolación ayudarán a mantener la cohesión, pero el verdadero factor de unidad será el Presidente, quien no tolerará traidores.
En el Frente Opositor no correrán con la misma suerte. Las confrontaciones y altercados entre aspirantes y organizadores serán comunes, esencialmente porque no existen factores de cohesión. Así, tal como Lilly Téllez acusó “falta de legalidad, equidad y transparencia” en el proceso, rematando con “no podemos oponernos al clientelismo gubernamental, echando mano del clientelismo partidista”. Por su parte, Claudia Ruiz Massieu, “Claudia la buena” del PRI, anunció que no se registrará en la contienda asegurando que “no caerá en un proceso de simulación pragmática y violación a la ley”.
Y así comienza el proceso de sucesión presidencial 2024, encaminado por el Presidente de la República, que marcó los tiempos en su partido y los contrarios. El que puso las reglas en Morena y obligó a sus detractores a replicar la frase que lo dibuja de cuerpo entero: “Que no nos vengan con que la ley es la ley”.
¿Y el árbitro? Nuestro árbitro electoral juega con los ojos vendados, sin tarjetas, ni silbato… Luego le seguimos.
