Conforme a las fechas del calendario, el pasado 29 de noviembre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, envió al Congreso la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para el 2026. Sirvan las siguientes líneas para hacer una lectura general y descriptiva de su estructura.
Para el próximo año se propone un presupuesto total por 78,344 millones de pesos (mdp), esto es, un monto superior en 11.9 por ciento, con respecto al aprobado por la legislatura estatal para el actual ejercicio fiscal 2025. Una vez descontada la inflación esperada, significaría un crecimiento de 8 por ciento en términos reales. Este incremento es un buen punto de partida.
Como en todos los estados de la República, el ingreso público de Sinaloa tiene una fuerte dependencia con relación a las participaciones y aportaciones federales, aprobadas recientemente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Para el próximo año, el recurso federal proyectado asciende a 65,557 mdp, lo cual, representa el 83 por ciento del ingreso total. Complementariamente, los ingresos propios sumarían 9,845 mdp y por la vía de deuda pública se contratarán 2,873 mdp.
En un sentido amplio, la estructura del presupuesto del Estado de Sinaloa es pertinente. El 60 % del gasto público se asigna a educación, salud y programas sociales. Se financia la educación básica estatal, al Cobaes, Conalep, a la UAS, UADO, UAIM, a los centros de formación de maestros y a un importante sistema de universidades politécnicas y tecnológicas.
Los programas sociales y productivos aumentarán un 8.5 por ciento. Por mencionar algunos ejemplos: el programa de uniformes, útiles y calzado escolar; de embarcaciones y motores marinos; el Bienpesca estatal; de atención a personas desplazadas; a las personas con discapacidad; para sistemas de agua potable y saneamiento en comunidades rurales; acciones de vivienda, entre otros. El Sistema DIF Estatal contará con un presupuesto de 1,022 mdp para operar las brigadas del bienestar, la asistencia social y alimentaria que otorga a miles de familias.
Para fortalecer las acciones y enfrentar con mayores recursos la crisis de violencia que se ha registrado durante los últimos 14 meses, se ampliará el presupuesto en materia de seguridad pública con una inversión de 2,472 mdp. Esto significará un incremento del 23 por ciento. A la Fiscalía General del Estado se le asignará un presupuesto de 1,203 mdp para fortalecer a la Policía Cibernética y abrir 40 nuevas plazas. También se considera la remodelación y el equipamiento urgente de los centros penitenciarios de Aguaruto, Goros 2 y El Castillo; mejor tecnología y videovigilancia en el Sistema C4.
Por el lado del presupuesto en obra pública, los alcances son limitados. El nuevo proyecto de inversión pública productiva suma 4,227 mdp, esto es, el 5 por ciento del presupuesto total.
En la presentación y considerandos del Proyecto Presupuestal 2026 ha llamado la atención la severa restricción que se enfrenta por las deudas y obligaciones heredadas de los gobiernos de Mario López Valdez y Quirino Ordaz. En esas administraciones se retuvieron y no entregaron las cuotas aportadas por los trabajadores estatales, un total de 2,600 mdp, para el pago de sus pensiones. También se dejó de pagar el fondo de vivienda a los maestros estatales jubilados; y ya se tuvo que reintegrar al SAT 2,300 mdp por auditorías mal practicadas, entre otras omisiones.
De las dos pasadas administraciones, el gobernador Rubén Rocha recibió deudas y obligaciones por 17,141 mdp. Para el final de su gestión se propone pagar 14,272 mdp. Esto asfixia, compromete y limitará la hacienda pública de Sinaloa.
