El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa propuso un presupuesto para el 2021 por la cantidad de 417 millones 130 mil 185 pesos.
Sin embargo la propuesta del Ejecutivo para tal fin en su Presupuesto de Egresos 2021 fue casi la mitad de lo que se planteó, y pese a una reasignación que se hizo en el Congreso solo le aprobaron 240 millones de pesos. Es mucho dinero, sí, pero no es suficiente para el compromiso que tiene, de acuerdo a la titular del órgano electoral.
Es mucho dinero, sobre todo si se mira desde la perspectiva de lo que se puede hacer con tan extraordinaria suma, si se invirtiera en escuelas, en mejorar infraestructura de salud y en condiciones para personal médico y maestros.
Pero es mucho menos de lo que se le asignó en 2018, pese a que hoy se le suman otras responsabilidades, como la elección para gobernador.
Prácticamente la mitad de esos recursos serían para los partidos políticos.
Del dinero para los partidos, esto es lo que tenemos, protegido por un marco jurídico creado a conveniencia por los propios partidos políticos.
Siempre ha podido más la desmedida voracidad para llevarse recursos públicos que una razonable prudencia asumida en función de los notables rezagos sociales que se padecen y que parte de esos dineros bien pudieran ser canalizados para atenuar las condiciones de miseria en la que viven los segmentos económicamente más desprotegidos de la sociedad.
Y más relevancia toma todo esto en momentos de la crisis de salud y económica generada por la pandemia del Covid 19.
Bajo el marco legal, podría reducirse el monto propuesto para la organización de las elecciones, pero no lo correspondiente al financiamiento de los partidos políticos.
No, porque eso está claramente definido en la ley, esa misma ley que han creado en evidente complicidad los propios partidos políticos para dar legalidad a ese saqueo de recursos que vienen de nuestros impuestos.
La ley es muy concreta en el punto de calcular el financiamiento para cada partido, pero no establece con la misma claridad la definición del presupuesto que corresponde al órgano electoral.
Incluso, en el artículo 64 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, queda claro la prioridad que tiene el dinero para los partidos, al establecer: “Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en la Constitución, Constitución Estatal, a lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos y en la presente Ley. El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como entidades de interés público”.
Sí es legal, pero jamás será ni remotamente justo, ni prudente y menos ético. Pero es lo que han creado porque así les ha convenido.
Creo que el Estado debe financiar la organización del proceso electoral, las elecciones, pero no sostener con nuestros impuestos esa corrupta y detestable partidocracia.
¿Serán capaces los partidos de sacrificar su financiamiento en aras de que el órgano electoral tenga recursos para una mejor organización del proceso? No creo. No, porque ni la generosidad ni la congruencia forman parte de su lista de atributos.
