La noticia del cruel asesinato de Alma Delia, una niñita de 6 años en una agrícola en Navolato, nos cimbró. La forma despiadada en la que le arrebataron la vida no tiene palabras. Por desgracia, este no es el primer feminicidio que ocurre al interior de un campo agrícola en Sinaloa.
En octubre del año pasado fue asesinada una joven jornalera en un campo agrícola en Villa Juárez. Su cuerpo no fue identificado, pero las huellas de violencia física con arma blanca y ataque sexual que fue víctima quedaron marcadas. En noviembre de 2020, Carolina fue asesinada a cuchilladas por su pareja sentimental en un campo de Las Tatemitas, Angostura; el hijo de esta fue herido de gravedad al tratar de defenderla, falleció días después. Y por mencionar un ejemplo último, en 2019 fue brutalmente asesinada en otro campo de Costa Rica, Gloria Esthela, una mujer de 20 años: fue violada, golpeada, estrangulada y sus labios fueron cercenados a mordidas. Cada uno de estos crímenes estuvieron cargados de odio, extrema violencia y alta carga de machismo y misoginia.
Sabemos que Sinaloa tiene un papel fundamental a nivel nacional en materia agrícola. Según datos del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN), al 2020 ocupó el 4to. nivel nacional en producción total (con el 5%) y el 3er. lugar en mayor valor de producción (9.6%). Ante la falta de mano de obra en nuestra entidad para desempeñar actividades del campo como jornaleros agrícolas, la cual tiende a ser de una remuneración baja, temporal e incluso precaria, Sinaloa se ha convertido en un lugar de atracción de mano de obra migrante indígena, principalmente de los estados de Guerrero, Veracruz y Oaxaca (los cuales son contratados en sus comunidades y trasladados hacia nuestro estado, y al término del levantamiento de la cosecha se les regresa), siendo las zonas rurales de los municipios de Culiacán, Navolato y Elota sus principales asentamientos (Granados, 2018).
Miles de personas, migrantes, indígenas y pobres, acompañados por sus familias, llegan año con año a nuestro estado a trabajar como jornaleros, 180 mil los estimados en septiembre de 2021 (Rodarte, 2021) de los cuales, cerca de un 35% son mujeres (Nemecio, 2019).
Llegar a vivir a un campo agrícola siendo mujer, migrante, indígena y pobre, en la mayoría de los casos, es hacer frente a una carga de vulnerabilidad adicional a la que traen consigo desde sus comunidades de origen (sometimiento a las figuras masculinas y a la presión social ante los roles de género). Para Molina-Rodríguez (2020), los problemas principales que viven las mujeres indígenas migrantes “se relacionan con la violación de sus derechos humanos como la salud, la educación, el trabajo, tener una vivienda digna, vivir una vida libre de violencia de género (abuso de poder y autoridad, acoso, abuso y violencia sexual) y la violencia social que incluye el rapto y la trata de personas”, así como la discriminación, desinterés y rechazo que puede darse en la comunidad a la que llegan. Muchas de ellas están consientes de las realidades que enfrentan, y están dispuestas a cambiarlas, trabajan para lograrlo, pero no son todas. ¿Qué hacer en estos casos? Ojalá tuviéramos una receta mágica de solución inmediata.
Importante la colaboración del Estado, sus tres poderes y órdenes de gobierno, así como la participación de las asociaciones no gubernamentales, pero sobre todo, la toma de responsabilidad y compromiso de los campos agrícolas a los cuales arriban las y los jornaleros. No se puede seguir siendo omiso a las problemáticas que se presentan en los campos agrícolas, muchos de ellos documentados en la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa. No se puede seguir siendo pasivo en esos espacios de carácter “privado”, pero que son comunidades enteras donde existe vulnerabilidad de mujeres, adolescentes, niñas y niños. La educación es un clave central, la perspectiva de género otra; la justicia salarial y social ni se diga, el combate a la impunidad es vital.
Hay mucho por hacer para erradicar la violencia de género, la violencia feminicida, en estos espacios, en Sinaloa y en México.
Justicia para Alma Delia, para Carolina, para Gloria y para todas aquellas que no han sido identificadas. Porque ni una menos, ni una más. Vivas y libres nos queremos.
