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Medir para gobernar mejor: el valor de los datos en la Administración pública

¿Qué es la medición y el análisis de datos en la Administración pública? Se refiere al uso sistemático de información para diagnosticar y mejorar el funcionamiento...

ARACELI TIRADO COLUMINISTA LÍNEA DIRECTA
Foto: Cortesía. | Araceli Tirado, profesora e investigadora.

¿Qué es la medición y el análisis de datos en la Administración pública? Se refiere al uso sistemático de información para diagnosticar y mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas. Estos datos pueden provenir de encuestas dirigidas al funcionariado, a empresas o a los hogares.

El Manual de Analítica Gubernamental, desarrollado por el Banco Mundial, hace hincapié en que una gestión eficaz y de calidad de los datos y las mediciones constituye una base fundamental para el desarrollo de las instituciones y organizaciones, tanto públicas como privadas, permitiendo avanzar de manera sólida en el presente y proyectar mejores resultados hacia el futuro.

La analítica gubernamental establece una base que permite a quienes dirigen las organizaciones fortalecer su conocimiento institucional y mejorar la rendición de cuentas. Un ejemplo de ello ocurre cuando una jefa o un jefe de Estado solicita a sus líderes asumir responsabilidades con base en su productividad.

Este enfoque ilustra cómo la analítica gubernamental impacta de manera positiva en la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos, al permitir un seguimiento más preciso de los procesos de contratación de personal y de adquisición de bienes y servicios.

Referentes internacionales

El Informe de la Comisión Europea sobre la medición de la Administración Pública resalta que los datos representan un factor fundamental para la gestión pública. A su vez, la Organización de las Naciones Unidas subraya, en una de sus publicaciones sobre la medición del desempeño de la Administración Pública, la importancia de contar con una gestión pública eficaz en la práctica cotidiana.

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Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha impulsado el desarrollo de prácticas para la gestión de la información entre los países que la integran. Como resultado, varias naciones han fortalecido su capacidad institucional al incorporar oficinas o unidades de analítica dentro de sus administraciones, con el objetivo de revisar mediciones, evaluar resultados y reforzar sus procesos de regularización. Un ejemplo de ello es la implementación periódica de encuestas dirigidas a funcionarias y funcionarios públicos como parte de sus políticas internas.

¿En qué áreas se ha implementado la medición de datos? Por lo general, los países suelen concentrar estas mediciones en áreas relacionadas con impuestos, aduanas y recaudación de ingresos. En otros casos, las áreas de recursos humanos y contratación han sido las principales en adoptar la analítica de datos.

¿Cuáles son las principales advertencias sobre el mal uso de los datos? El uso inadecuado de la medición analítica en las administraciones públicas plantea como prioridad la protección del derecho a la privacidad y el respeto a la ética de las y los empleados públicos. Es importante recordar que, en el contexto actual, los datos adquieren una relevancia creciente, ya que recogen millones de registros personales que pueden ser identificables.

El reto para las administraciones públicas consiste en lograr una medición analítica que respete los datos personales, proteja la privacidad y garantice un actuar ético.

En este contexto surge la Carta Iberoamericana para la Medición y el Análisis de Datos en la Administración Pública, conocida coloquialmente como “la Carta”, la cual busca fungir como una guía para los países, promoviendo un uso responsable de los datos en posesión del sector público que permita mejorar el funcionamiento institucional y, al mismo tiempo, minimizar los riesgos presentes y futuros.

Desafíos y riesgos futuros

La medición de datos en la Administración Pública representa avances significativos, especialmente con la digitalización de los procesos administrativos y la generación de datos clave. Sin embargo, también conlleva riesgos asociados a la protección de datos personales, la seguridad, la privacidad y la ética.

Sus beneficios son amplios: optimización de procesos de toma de decisiones, mejora de la productividad, fortalecimiento de la calidad de vida laboral, impacto positivo en la transparencia, la confianza y la legitimidad institucional, así como apoyo en el combate a la corrupción.

Los desafíos que se avecinan parten del hecho de que no todo en la Administración Pública es medible, ni se persiguen fines de lucro. Una medición imperfecta puede generar consecuencias no deseadas. Por ello, resulta fundamental la participación de personas y funcionarias y funcionarios públicos debidamente capacitados, así como la revisión cuidadosa de los datos y su correcta interpretación para garantizar una gestión adecuada.

La capacitación en habilidades analíticas es clave, ya que una mala interpretación de los datos puede vulnerar derechos. La protección de la seguridad, la privacidad y los datos personales sigue siendo un tema pendiente y prioritario.

Fuente: Internet

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Araceli Tirado

Columnista

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