Uno de los aspectos más polémicos del Paquete Económico 2026, en estos momentos en análisis en el Congreso de la Unión, es el relativo al aumento de impuestos a los refrescos. Sin duda es un tema de interés general, dada la elevada preferencia que tienen en el consumo de la mayor parte de la población. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propone incrementar el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a estos productos, para llegar a un gravamen de 3.0818 pesos por litro, incluyendo a los que tienen cualquier tipo de azúcar no calóricos, es decir a los refrescos light. Esto representaría un fuerte aumento de 87.3 por ciento, al compararlo con la cuota impositiva de 1.6451 pesos por litro, aprobada en el presupuesto federal del 2025.
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Este gravamen a los refrescos, así como a los cigarros, videojuegos violentos y casas de apuestas se les ha dado el calificativo de “impuestos saludables”, y desde la narrativa gubernamental se afirma que están dirigidos a disminuir el consumo de estos bienes y servicios que generan efectos negativos en la salud de los mexicanos. La SHCP ha señalado que la propuesta no tiene fines recaudatorios pero estima que con estos mayores impuestos podría captar 41 mil millones de pesos, un monto significativo. Adicionalmente, afirma que mediante el IPES, al aumentar los ingresos públicos que integran la Recaudación Federal Participable, las participaciones que reciben los gobiernos estatales y municipales se ampliarían
Los impuestos a los refrescos se establecieron desde el 2014, hace ya once años, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La evidencia empírica prueba que su consumo no ha disminuido y que tampoco han bajado los padecimientos asociados de obesidad y diabetes.
La propuesta de aumentar el impuesto a estas bebidas tiene en sí importantes contradicciones. Por una parte, las autoridades federales señalan que el objetivo es reducir su consumo nocivo y por otro lado, se espera un importante aumento en la recaudación. Lo más probable es que esto volverá a suceder, como lo ha sido desde el año 2014, porque la demanda de refrescos es inelástica, es decir, su consumo se afecta mínimamente ante el incremento de sus precios. Al final del día, el consumidor gastará más dinero y verá afectado su bolsillo. Esta propuesta también carece de lógica interna, porque el IEPS ahora incluye también a los refrescos light, sin azúcar. Al encarecerse y subir estos de precios se espera que la población consuma más bebidas de un mayor contenido calórico, más baratas y que afectan más a la salud. Ello no resulta congruente con los fines que se persiguen.
El incremento de impuestos a los refrescos podrá fortalecer la hacienda pública pero es una medida socialmente regresiva, porque afectará a los hogares más pobres, que destinan una mayor proporción de su ingreso-gasto a estos consumos. Tal medida también afectará a más de un millón de pequeñas tienditas que dependen, en una gran parte, de la venta de estos productos.
A la fecha, la principal paradoja de los llamados “impuestos saludables” es que no sólo no han modificado los patrones y hábitos de consumo. En México tampoco han servido para financiar una política de salud más robusta, eficaz e incluyente. Nuestro país sólo invierte el 3.4 por ciento del PIB en salud pública; todavía lejos de los mejores parámetros internacionales; del 6 por ciento que sugiere la Organización Mundial de la Salud.
