Culiacán, Sinaloa, 15 de enero 2024. La corrupción en el otorgamiento de concesiones de todo tipo, por parte de los gobiernos estatales y federal, fue una constante del prianredismo por donde se vea y sus negativos efectos se siguen padeciendo en la actualidad.
Como se sabe, una concesión administrativa (cediendo a un particular el derecho exclusivo de operación) puede ser para la prestación de un servicio público, hacer obras o administrar bienes que son del dominio del Estado.
De esa manera, con la concesión de que se trate, se permite al particular, nacional o extranjero, aprovechar recursos, de común naturales, que son de propiedad pública, pero también en muchos otros rubros.
Así, en México se concesiona desde el uso del agua hasta yacimientos mineros, infraestructura y servicios de diversos tipos como los aeropuertos, por ejemplo.
PARA DONDE SE MIRE
Cuando la actual administración federal comenzó a revisar las concesiones otorgadas por los gobiernos prianistas, en su mayoría vigentes y hasta años más, se encontró un cúmulo de irregularidades difícil de corregir por aquello de la “legalidad de los contratos” que mañosamente operaron particulares y gobiernos.
Está el caso de las mineras canadienses (en la mayoría de ellas hay elementos suficientes para cancelarlas de plano), de la construcción y el mantenimiento de vías públicas (la carreteras de inversión privada), de redes eléctricas y explotaciones petrolíferas.
Prácticamente en todas hay constancia de irregularidades que se desprenden de su operación y de las ventajas de todo tipo que los gobiernos prianistas les otorgaron.
EL CASO DE LOS AEROPUERTOS
Hace unas semanas, el gobierno federal emprendió la revisión de los contratos de empresas que tienen concesiones para administrar los aeropuertos del país (que por cierto operan con deficiencias inocultables).
Quienes explotan esas concesiones obtienen grandes ganancias, hasta un 70% al año, y los impuestos que reportan no se corresponden, dijo AMLO. “Lo que entregan a la hacienda pública por utilizar todas esas instalaciones que se hicieron con dinero del pueblo, es nada”, subrayó el presidente.
Pero cuando se trata de corregir (lo que se está tratando de hacer) las protestas y boicots del servicio vienen en cascada con el apoyo mediático.
LAS TERMINALES AÉREAS
De acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el sistema aeroportuario del país cuenta con 79 aeropuertos nacionales e internacionales y de ellos 34 son operados por empresas privadas.
Están el Grupo Aeroportuario Centro-Norte, que administra 13 terminales aéreas (la de Culiacán, entre ellas), nueve las maneja el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), 12 el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) opera el Benito Juárez.
Por su parte, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) organismo descentralizado del Gobierno Federal, tiene participación en 25 terminales, 19 de manera directa y en las otras seis es coinversionista, en sociedad con grupos de capital privado.
Además, en México funcionan mil 492 aeródromos y 545 helipuertos.
Es un hecho que en las terminales operadas por el capital privado hay serias deficiencias, altos costos de los servicios y una marcada disparidad entre sus ganancias y lo que pagan de impuestos.
Así las cosas, poner orden es un imperativo.
EN EL TINTERO
-Si se investigara en serio el origen de las enormes fortunas de los hijos de connotados políticos del prianismo (los Hank, por ejemplo: el grupo “Caliente” de las apuestas internalizadas en este país, Banorte y demás) se encontrarían suficientes motivos para entablar procesos legales, sin asomo de duda. Y hay muchos más Juniors de la corrupción política, la que abandera el prianredismo de hoy.
-La “negociación” de puestos, incluidas las instancias de transparencia y autónomos, por parte del PAN y el PRI, el vulgar reparto de cuotas, es una clara muestra de la extrema corrupción con que se conducen. Y eso es lo que en realidad buscan en las elecciones de este año.
-En efecto, hay casos de políticos de Estados Unidos que alientan la migración para afectar a partidos contrarios, incluso no pocos que están relacionados con bandas de la delincuencia. Así lo denunció el presidente y el gobierno mexicano cuenta con pruebas al respecto.
-¿Seguirán ciudadanos estadounidenses de origen mexicano, afiliados al partido Republicano (los hay y no son pocos) votando por el neonazi Donald Trump que los acusa de “ensuciar la sangre” anglosajona?
-El gobernador de Texas, Greg Abbot; el de Florida, Ron de Santis, son políticos republicanos de Estados Unidos enfermos obnubilados por la ambición de poder. Y no son los únicos.
-La bancarización excesiva, que obliga al ciudadano a trámites que no necesariamente se tendrían que hacer por esa vía, está diseñada para beneficio, de común abusivo, de los banqueros. No hay más. ([email protected]).
