Si las autoridades en la materia no toman las medidas correspondientes para cuando menos mitigar la desmedidas voracidad de muchos intermediarios y bodegueros, se desvanecerá por completo la leve esperanza que se dio a los productores de maíz de parte del gobierno federal, en el sentido de que se les garantizaba un precio no inferior a 4 mil pesos la tonelada.
Sin dejar de reconocer que hay empresas responsables, que actúan con seriedad, dan buen trato y son solidarias con el productor, en los hechos pululan los “coyotes”, intermediarios y empresarios insaciables, verdaderos ladrones al acecho, que sin escrúpulos quieren seguir robando al agricultor, como lo han hecho siempre.
Como en cada cosecha, se frotan las manos e insisten en mantener prácticas como los contratos a modo y leoninos, abusivos descuentos por muy diversos conceptos como humedad, impurezas, secado o grano quebrado, el robo descarado en el pesaje de la cosecha y postergar o definitivamente no pagar la producción recibida.
El año pasado consecuencia de esa codicia insaciable de los compradores, y sobre todo de la impunidad con la que pueden actuar gracias a los lazos de complicidad que logran establecer con instancias de gobierno que deberían controlarlos, la gran mayoría de los maiceros cobró su cosecha en un precio muy por debajo de lo formalmente establecido.
También, el año pasado las autoridades de Profeco anunciaron candados para evitar el robo de la producción en las básculas de las bodegas, pero no se sabe que hayan sancionado a alguna empresa por esa causa. Y lo mismo había sucedido en 2018, cuando esa dependencia fue acusada de anunciar con toda oportunidad la revisión de las básculas para que los dueños pudieran corregirlas.
Se necesita mano dura, un verdadero compromiso de parte del gobierno para frenar a ese eslabón de la cadena productiva del maíz, que hay que mencionar que arriesga inversión y por lo tanto debe tener un margen de utilidad razonable, pero no permitirle que se actúe con toda arbitrariedad dañando la economía de quienes realmente trabajan la tierra.
Los agricultores están cumpliendo con su rol, que es el de producir los alimentos que los mexicanos consumimos y además mover con ello la economía. Es necesario que el gobierno cumpla con lo suyo en este renglón, que es cuando menos garantizar las condiciones de legalidad y certeza para que los campesinos puedan hacerlo. Tiene aún el tiempo y el poder para hacerlo. ¿Tienen la voluntad para romper esa cadena de excesos?
