Los productores sinaloenses de maíz están cansados y molestos. Han venido perdiendo dinero y rentabilidad durante los últimos años. El pasado 14 de octubre, diversos grupos tomaron las casetas de cobro en la zona centro-norte del estado y bloquearon la avenida Obregón, la principal vialidad de la ciudad de Culiacán. Quienes se movilizaron representan a 24 mil productores de maíz blanco; exigen mejores precios para sus cosechas y cambios de fondo en la política agrícola federal.
El prestigiado Grupo Consultor de Mercados Agrícolas señala que, en el caso del maíz blanco de Sinaloa, los costos de producción por hectárea se incrementaron un 47 por ciento. Pasaron de 35 mil 984 pesos, en el año 2020, hasta un nivel promedio de 52 mil 901 pesos para este 2025. Ante un escenario de precios de mercado a la baja, los márgenes de ganancia se han reducido; de más del 50 por ciento a apenas el 12 por ciento. Peor imposible, esta es la tormenta perfecta.
El campo sinaloense ha estado muy afectado durante los últimos años. Precios bajos, una prolongada sequía y la falta de apoyos gubernamentales lo han lastimado. Para el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2026 se tiene agua pero, como siempre, prevalece una gran incertidumbre en materia de precios. Gracias a una mayor disponibilidad de agua se sembrarán 790 mil hectáreas, una superficie que duplicará la del ciclo Otoño-Invierno anterior. De ese total, se destinarán 470 mil hectáreas a la siembra de maíz, prácticamente el 60 por ciento. El problema es que el precio del maíz está, más menos, en 5 mil pesos por tonelada en la Bolsa de Futuros de Chicago, que es donde se fijan los precios a nivel internacional.
En el sexenio del presidente AMLO no se cambió la política, neoliberal-salinista, de tomar a la Bolsa de Chicago como referencia para fijar los precios de los granos en México. Pero en el caso de la agricultura comercial, los apoyos presupuestales para la comercialización de granos básicos si se recortaron. Se dejó de lado el programa de Ingreso Objetivo que otorgaba certidumbre al productor. También se abandonó la Agricultura por Contrato, donde se pactaban con los industriales los volúmenes y precios de compra de las cosechas. De igual forma se eliminaron los apoyos del Procampo y desapareció la Financiera Rural. Los presupuestos de la Conagua, para que los módulos de riego pudieran comprar maquinaria y rehabilitar infraestructura se secaron.
En el Proyecto de Presupuesto federal 2026, que ahora está por aprobarse en el Congreso de la Unión, se contemplan recursos insuficientes para la Sader, 75 mil millones de pesos, lo cual significará una reducción del 2.5 por ciento en términos reales. Los diputados federales de Sinaloa tendrán que trabajar para asegurar una partida que otorgue una mayor certidumbre a la cosecha de maíz, que volverá a situarse en los 5 millones de toneladas. Para garantizar un precio base de 6 mil pesos por tonelada se tendría que aprobar 5 mil millones de pesos, etiquetados, para asegurar una rentabilidad mínima y su ordenada comercialización.
Como ya lo hizo con la política de seguridad pública, la presidenta Claudia Sheinbaum debería cambiar la política agrícola nacional. Su orientación asistencialista, que deja de lado la competitividad del campo no es la mejor vía para alcanzar la soberanía alimentaria. Los actuales niveles de dependencia son alarmantes: México produce sólo el 49 por ciento del maíz que consume; 20 por ciento del trigo y del arroz; 80 por ciento del frijol; y 5 por ciento de las oleaginosas.
