Hace una semana un numeroso grupo de trabajadores agrícolas de una empresa de San Rafael, en el municipio de Guasave, se atrevió a levantar la voz y protestar en contra de sus patrones que les deben hasta diez semanas de sueldo.
Este tipo de denuncias si bien se han ido reduciendo desde hace años, siguen presentándose con relativa frecuencia, y muestran que pese a todo prevalecen algunas prácticas abusivas en el trato a los jornaleros del campo, que representan a uno de los segmentos más vulnerables del sector laboral.
Como con muchos otros rubros laborales, con los trabajadores del campo se tiene una gran deuda histórica en materia social y laboral y persisten vicios y rezagos que requieren de inmediata corrección.
El acceso a un trato más digno para los jornaleros y sus familias lamentablemente no ha sido empujado siempre por la generosidad o conciencia de la parte patronal, ni por el cumplimiento responsable de las funciones de quienes desde gobierno deben garantizar el respeto a las leyes laborales, sino por exigencias de inocuidad establecidas por los importadores extranjeros, la tecnificación de la actividad y por acciones de organizaciones humanitarias.
Hay avances puntuales como el que muchos hijos de jornaleros ya tienen acceso a guarderías y escuelas en funcionales albergues, pero no ha sido posible terminar con la ocupación de menores que empleados en labores del campo quedan sentenciados a un futuro de miseria y marginación al no tener oportunidad de educación.
Hay empresas que mantienen las prácticas de largas jornadas de trabajo, sueldos bajos, maltrato de mandos medios, despidos injustificados, falta de atención médica y condiciones deplorables de higiene y vivienda.
En pleno siglo 21 y en Sinaloa se han denunciado trato de semiesclavitud a las que son sometidos los jornaleros.
Hace falta ir más allá de los discursos y aterrizar los compromisos en los hechos. El gobierno federal y estatal deben tener una participación más activa y enérgica, sancionar a las empresas que incurran en prácticas indignas e ir contra falsos redentores de los jornaleros que cobijados en organizaciones sindicales solo acentúan la explotación de quienes deberían defender, coludidos con malos patrones.
Se trata de brindar elemental justicia para un sector tan importante para la economía sinaloense. Y el pago oportuno de sus salarios es el primer y elemental paso para avanzar en ese camino.
