Hace unos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mandató al Instituto Nacional Electoral emitir los lineamientos generales para regular las campañas anticipadas. Que son, según la máxima autoridad electoral: acciones con fines políticos, pero no electorales, y por ello, válidas como parte de la vida interna de los partidos.
El Tribunal le sacudió la cama al INE, los levantó de su hibernación, los puso a trabajar antes de tiempo, les exigió regular y fiscalizar los procesos de elección de corcholatas (Morena, PT y Verde) y taparroscas (PRI, PAN y PRD) a fin de garantizar la imparcialidad, neutralidad y legalidad de cara al proceso electoral de 2024. Cinismo puro.
En Morena el tope de campaña por corcholata es de 5 millones de pesos, el INE dijo en el acuerdo tomado anteayer que podrá ser casi siete veces más, 34.3 millones. Es decir, si alguna de las corcholatas en campaña se gasta más de 5 millones (cosa que es evidente) no tendrá repercusión legal en el proceso interno y a lo mucho se llevará un “jalón de orejas” por parte de Mario Delgado encargado del proceso oficialista.
Tanto a corcholatas como a taparroscas les prohíben usar tiempo oficial en radio y televisión de los partidos para su promoción política, pero nada les impide estar en los medios de comunicación hablando de sus ideas o utopías “para un mejor país”. Seguirán las entrevistas, giras de medios y todo lo que usted ya ha visto pero ahora habrá personal del INE haciendo un inventario de sus acciones y apariciones.
Si usted, en su generosidad le quiere regalar dinero a su candidato o candidata preferida, podrá hacerlo, pero nada más hasta 537 mil pesos como aportación individual. Ellos, si quieren “invertirle” a sus propias aspiraciones podrán aportarse 2.1 millones de pesos.
Serán considerados gastos; los viáticos del candidato y comitiva, propaganda utilitaria en vía pública, sueldo del personal eventual, materiales, suministros, gasto operativo de la campaña, pago publicitario en revistas, periódicos, salas de cine, redes sociales y todo lo que debería estar prohibido, pero por el mentado “acuerdo” está permitido. Todos pueden donar a la causa de sus lideres siempre y cuando el dinero no venga de funcionarios públicos, dependencias gubernamentales, organismos autónomos, políticos o ciudadanos extranjeros y organizaciones criminales.
Los pre-candidatos -cosa que son en los hechos, más allá de gatopardismos- tampoco tendrán que renunciar a sus cargos de representación popular, podrán seguir cobrando como senadores, diputados o lo que sea que sean. Quien decida renunciar o separarse temporalmente del cargo será por gusto y no por obligación.
Nuestra curiosa democracia, pequeñita e inconclusa, sigue teniendo como centro gravitatorio a los partidos políticos. Ellos y nadie más, son los verdaderos dueños de las reglas electorales y cuando estos se deciden a no respetarlas, todo el entramado institucional se acomoda a contentillo de sus caprichos para doblar y parchar la ley.
Hace meses, este “cochinero” de irregularidades se pudo legislar, incluir con pulcritud y detenimiento en nuestras leyes electorales; el paso a paso para tener un marco normativo con elecciones primarias o internas, como las que estamos viviendo por acuerdo y no por norma legal.
Pero los legisladores en el Senado y la Cámara de Diputados estaban ocupados peleando, enfrascados en su obcecada división que les impide ver más allá de sus anteojeras. Quién iba a decir que después de todas sus diferencias en los dichos de tribuna, tendrían tantas coincidencias en los hechos. La legalidad nunca ha sido interés de los políticos mexicanos, y esa es la realidad común dentro de nuestra retorcida cultura política. ¿Tendrá esto remedio? Luego le seguimos…
