El justo reclamo de justicia sobre el asesinato del empresario mochitense Salim Acosta que hace su familia, la sociedad y sus compañeros de gremio, exige que la autoridad se emplee a fondo para el esclarecimiento absoluto de tan reprobable asesinato.
Todas las muertes duelen, pero el que sean personas de bien, dedicadas a actividades lícitas y productivas, impulsoras de valores y promotoras de actividades culturales y deportivas es un agravante que se debe convertir en reclamo extraordinario a quienes son los responsables de brindar seguridad a la sociedad.
Si el Estado no es capaz de cumplir con una obligación tan elemental como el de brindar seguridad a los ciudadanos, en su integridad física, en la de su familia y en sus bienes, por modestos que estos sean, está fallando.
Cualquier alarde sobre mejoras en materia de seguridad pública se convierte en una ofensa para las víctimas de la delincuencia, para sus familias, sus amigos y sus compañeros de gremio.
Todos los crímenes, pero más aquellos fatales en contra de hombres y mujeres de bien, productivos y participativos, ponen en evidencias las fallas en la prevención, disuasión e investigación del delito y en la judicialización y penalización de los responsables de esos ilícitos.
¿Qué decirle a esa sociedad que se siente vulnerable y ultrajada ante la inseguridad, para inyectarle ánimos y alentarla para que se mantenga participativa y solidaria con las mejores causas, que siga aportando su esfuerzo para engrandecer a Sinaloa?
Nada hay qué decirle cuando esa funesta realidad la agravia y la golpea tan fuerte. Nada si no se le da ni tan siquiera la certeza de que quienes cometen los crímenes recibirán cuando menos un ejemplar castigo por el daño causado.
Nada hay qué decirle si no se hace justicia en el caso de Salim.
