El gobernador Quirino Ordaz lamentó el “agarrón” de grandes proporciones entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los 10 mandatarios estatales de la Alianza Federalista –los también llamados “gobers rebeldes”-, quienes incluso ya pusieron un ultimátum y advirtieron que si AMLO sigue sin escucharlos, abandonarán el pacto fiscal federal.
Hace ya algunas semanas, cuando se creó la Alianza Federalista, Ordaz Coppel marcó su distancia de sus homólogos de otros estados y hasta llegó a calificar de “politiquerías” sus reclamos contra la Federación. En esta ocasión, en cambio, el mandatario sinaloense se mostró más mesurado y solo expresó que le parece un muy mal momento para que se dé este pleito entre ambos niveles de gobierno, en medio de las crisis sanitaria y económica y en donde nadie sale ganando.
Quirino dijo entender la urgencia de otros gobernadores porque a todas las entidades les hacen falta recursos, y él mismo ha pugnado por una revisión del pacto fiscal, pero insistió en que esas no son las formas y consideró además que dicha revisión, en todo caso, podría darse hasta el 2022, una vez que pasen las elecciones del próximo año… Ya veremos hasta dónde llega este conflicto.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación al parecer le dio no solo uno sino dos jalones de oreja al Congreso de Sinaloa por distintos temas. El primero es sobre la acción de inconstitucionalidad que interpuso el Partido Sinaloense en contra del aplazamiento del proceso electoral local. Ayer le comentábamos que el PAS había sufrido un revés pues el Máximo Tribunal avaló en lo general la prórroga de la convocatoria de septiembre a diciembre.
Sin embargo, según aclaró el líder pasista, Hector Melesio Cuén Ojeda, la decisión de la Corte fue dividida, y si bien no echó para atrás el aplazamiento, sí le enmendó la plana al Legislativo local pues había unas inconsistencias en las candidaturas independientes, pues la ley marcaba que deberían empezar a recabar firmas en octubre, siendo que el proceso inicia hasta diciembre. Por lo tanto, los diputados tendrán que corregir esa parte.
Por si fuera poco, en otro asunto, la Suprema Corte también le dio entrada a la controversia constitucional que promovió el Gobierno del Estado contra el rechazo de las cuentas públicas del 2018 por parte del Congreso. Aún no se emite la sentencia, pero en tanto ello sucede se dictó la medida cautelar para que los legisladores suspendan el pronunciamiento sobre este particular, programado para el 31 de octubre. ¿Se legisla al vapor o por qué se darán estos resbalones en el Legislativo, que luego deben corregir las autoridades judiciales?
Bien acompañada estuvo en su segundo informe la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López. La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Graciela Domínguez Nava; los diputados locales Flora Miranda y Eleno Flores, el legislador federal Casimiro Zamora y el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, entre otros, la respaldaron ayer y le aplaudieron sus logros, entre los que destacó la reducción de la deuda pública del municipio.
En contraste, entre los invitados no deseados por la alcaldesa estuvieron los integrantes del Sindicato de Trabajadores de Ayuntamiento de Guasave, el Stashag, que abarrotaron las afueras del Centro Cultural Mario del Rosario Espinoza para manifestarse y acusar que la administración de Leal López los ha tratado de manera déspota y les debe aproximadamente 10 millones de pesos.
Eso sí, Doña Aurelia, a su llegada, no se dejó intimidar y encaró a los sindicalizados, a quienes escuchó por algunos momentos, aunque después con voz firme y un “no señor” refutó sus señalamientos, asegurándoles que su gobierno ha respondido a sus demandas pero ya no permitirá los privilegios de la cúpula sindical. Acto seguido, se dio la media vuelta y continuó su camino hacia dentro del edificio, sin dejar que esta protesta le afectara su anhelado informe…
Como una bola de nieve que han dejado crecer y crecer, el caso Nafta en Mazatlán se ha convertido en una verdadera bomba de tiempo que podría explotar muy pronto, y aunque solamente lo heredó de gobiernos pasados, la peor parte puede tocarle a la administración de Luis Guillermo Benítez Torres.
La cancelación de un permiso para construir una gasolinera en 2012 derivó en una demanda por parte de Nafta Lubricantes, y ahora, ocho años después, la comuna mazatleca está obligada a pagar 141 millones de pesos –aunque dicen que ya subió a 161 mdp-. Pero la cosa se pone peor porque por incumplimiento de la sentencia hasta estos momentos, el Tribunal de Justicia Administrativa podría ordenar la destitución de todos los regidores y el tesorero municipal.
El edil Rodolfo Cardona Pérez, presidente de la Comisión de Hacienda, se dijo preocupado porque de plano no tienen los recursos para hacer dicho pago. El tesorero Javier Alarcón, en cambio, expresó que no le inquieta si lo destituyen pues “agarra sus cosas y se va a descansar”. Suena fácil, pero la verdad es que en estos momentos el gobierno del “Químico” está entre la espada y la pared. ¿O no? Así se las gastan. O peor… Comentarios: [email protected]
