Hasta ahora, y pese a los anuncios de las autoridades en el sentido de que se procederá con mano dura contra conductores de motocicletas ante el alarmante incremento de accidentes, muchos de ellos fatales en esos frágiles vehículos, parece que todo ha quedado en buenos deseos. Y en mucho dinero sacado a los motociclistas, y en mucha corrupción.
Las estadísticas que se tienen sobre este asunto arrojan datos preocupantes, pero además existe un subregistro alto de accidentes que sí suceden pero que no quedan registrados en el conteo que realizan las autoridades.
Algo se tiene qué hacer. Es el momento de replantearse no solo algo tan elemental como el uso obligatorio del casco protector del conductor, sino la necesidad de que las autoridades, sin sospechas de que sus acciones sean recaudatorias, actúen con mayor energía contra quienes incumplan las normas en el manejo de estos necesarios pero peligrosos vehículos.
Los motociclistas se han convertido en un segmento sumamente vulnerable en cuanto a la movilidad, y es necesario que se ponga orden en este sentido, pero que lo hagan con idea, con ingenio, con inteligencia, para que no parezca que solo les interesa sacarles el dinero de sus bolsillos.
Lo más grave es que el fenómeno no solo no se ha logrado reducir, sino que su tendencia se mantiene al alza. Esto es sumamente serio, porque significa que las campañas anunciadas y emprendidas por las instancias de gobierno y organizaciones civiles han fracasado, que no se han alcanzado los objetivos buscados.
No es muy popular para las autoridades emprender una campaña fuerte en contra de este problema, que además de contemplar a los conductores, debe incluir a los padres de miles de jóvenes que son mucho más temerarios en la forma en que manejan una motocicleta. Hay un costo político.
Para el gobernante en turno aplicar con energía el reglamento de Tránsito en este sentido resulta costoso y desgastante, más si las acciones golpean el bolsillo de los infractores o generan molestias que posteriormente puedan traducirse en rechazo a quienes lo hacen respetar.
Creo que sí se debe aplicar una sanción económica a los infractores, pero teniendo mucho cuidado de que el programa no parezca recaudatorio. Hasta pensar en sanciones suplementarias que tomen en cuenta la sanción no con dinero, sino el servicio social y la asistencia a cursos de concientización, por ejemplo.
Habría que decir que es necesario involucrar de manera mucho más notable en programas de concientización de este tipo a la familia, partiendo de que un porcentaje muy alto de los involucrado en percances viales en motocicletas son jovencitos.
La motocicleta es una vehículo versátil, económico y muy accesible. Puede ser una extraordinaria opción para un importante segmento de la sociedad que requiere de transporte barato, rápido y de bajo costo.
Pero es también muy frágil y sumamente peligroso, más si no se respetan las recomendaciones elementales para reducir riesgos de accidentes.
Las empresas dedicadas a la comercialización de este tipo de vehículos brindan toda clase de facilidades a los clientes, quienes de esa forma pueden acceder a éste. Eso es bueno, pero no hay control sobre los conductores.
Pese a los esfuerzos de las autoridades un alto porcentaje de éstos no cuentan con una licencia para conducir estas unidades, no utiliza el casco protector y tampoco respeta recomendaciones básicas de prevención. Circula en sentido contrario en las calles, sobre las banquetas y a altas velocidades.
Por cada motociclista responsable, precavido y respetuoso de las normas, hay decenas que conducen de manera desafiante y temeraria, colocándose en peligro no solo ellos, sino también a quienes tienen la desgracia de cruzarse en su camino.
Una campaña emprendida para poner orden en este segmento de conductores fácilmente cruza de línea de la prevención y se sitúa en la zona de la recaudación. Cuando menos eso se percibe.
Ha sido común ver camiones de plataformas retacadas de motocicletas que han sido recogidas en comunidades del medio rural, donde elementos de la Dirección de Tránsito colocan retenes a discreción.
Muchos de esos vehículos pertenecen a humildes trabajadores que los utilizan responsablemente y solo para acudir a su centro de trabajo. Las sanciones a las que se hacen acreedores requieren de cuando menos dos semanas de trabajo para pagarlas, esto destinando todo lo que ganan a esto, dejando a la familia sin comer.
Además de la multa por falta de casco o algún documento, tienen que pagar servicio de grúa y pensión. El caso es que esto no se ha traducido en una baja en los accidentes y una mayor responsabilidad en la conducción de las unidades.
Creo que lo peor es dejar las cosas como están, que sigan pasando accidentes, con sus muertos e incapacitados para desempeñar un trabajo, todo debido al mal uso de ese transporte que puede ser tan valioso, pero que mal usado es también sumamente peligroso, hasta mortal.
Algo se debe hacer, más allá de lo que hasta ahora se ha hecho.
