La reforma no pasó. Contra todos los pronósticos de un inicio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mantiene sus atribuciones intactas. Los artículos 41, 73, 99 y 105 se mantienen tal y como los conocemos. Las resoluciones del Tribunal seguirán siendo obligatorias en materia de derechos ciudadanos, derechos de las minorías, derechos de las militancias. Sin embargo, la pregunta permanece en el aire: ¿por qué?
Morena se mostró consistente con la iniciativa de limitar el marco de acción del Tribunal Electoral. Primero fue el INE y luego el INAI. Primero intentó sepultar las condiciones de equidad al momento de la competencia electoral entre partidos, luego quiso dejar sin efecto cualquier exigencia de transparencia y rendición de cuentas de parte del ciudadano frente al gobierno en turno. Pero, ¿los partidos de la alianza que ganan en esto?
La iniciativa de reforma fue firmada en comisiones por PRI, PAN y PRD, a excepción de Movimiento Ciudadano. De haberse consumado el pasado 14 de abril, la iniciativa de reforma constitucional de los partidos habría frenado los juicios de derechos políticos promovidos por mujeres, discapacitados, migrantes, indígenas y transgénero; protegiendo a las dirigencias partidistas contra juicios internos en el nombramiento de dirigencias; atando las manos al Tribunal Electoral federal en la definición de candidaturas en caso de impugnaciones de militantes, como en el caso de Félix Salgado o Raúl Morón, quienes fueron impedidos a competir en las elecciones de gobernador de Guerrero y Michoacán, respectivamente, por fallas en sus comprobaciones de gastos de precampaña.
Finalmente, la presión de los colectivos ciudadanos tuvo un efecto y Morena se quedó solo. No obstante, queda un amargo sabor de boca hacia el futuro.
La decisión del partido en el gobierno de acotar al Tribunal surge después del intento de parte de algunos de sus militantes por querer lanzar la convocatoria para presidente del partido. El tiempo de Mario Delgado ya se acabó, lo mismo que en el PRI, donde Alejandro Moreno extendió su mandato por encima de la vigencia legal.
Con este tipo de iniciativas la oposición manda un doble mensaje nada alentador con miras al proceso electoral del 2024. Por un lado, siguen sin entender las razones que los tienen fuera del gobierno. Su actitud ensimismada no les permite entender que el grado de democracia en un país se mide en gran medida por el grado democrático de sus instituciones, particularmente los partidos políticos. Si al interior de estas organizaciones se vulneran derechos, lo más seguro es que afuera también se haga. Si en los partidos se garantizan derechos a las militancias, entonces es posible como ciudadano enfrentar los órganos del Estado. Por otro lado, a las dirigencias se les percibió con miedo. Cuidaron sus espacios. No les importó la posible batalla electoral, más bien, cuidar sus cotos de poder sin importar el resultado. Mal y de malas.
En el fondo, el problema sigue siendo una falta de identidad. Enfrentar a MORENA no alcanza como razón para mantenerlos unidos. Y, si por alguna razón le alcanza a sus dirigencias, no le es suficiente a los ciudadanos. La falta de un método de selección para elegir candidato o candidata presidencial es expresión del mismo problema. E insisto, no es un acuerdo entre cúpulas, es la urgencia de un apoyo ciudadano.
Que así sea.
