Una tras otra se han venido desde Palacio Nacional descalificaciones a periodistas y medios de comunicación, mexicanos y extranjeros.
Una de las tareas esenciales del periodismo es mantener bajo estricto escrutinio a los servidores públicos. Muchos medios mexicanos han cumplido con ese compromiso a pesar de todos los riesgos que ello implica.
Miente el Presidente cuando afirma que periodistas y medios callaron en el pasado “como momias” actos ilegales de gobiernos que hoy denuncian.
Eso no es cierto. Los más grandes escándalos de corrupción en pasados gobiernos en México han salido a la luz pública precisamente gracias a serias investigaciones periodísticas.
El hartazgo de la sociedad mexicana que encontró cause de salida mediante el voto hacia un proyecto que llegó a generar confianza en el sentido de que combatiría la corrupción “como de barren las escaleras, de arriba hacia abajo”, fue en mucho generado por esas profesionales denuncias periodísticas sobre los abusos desde el poder.
Esa exigencia de escrutinio permanente a los servidores públicos era alentada desde la entonces oposición, pero curiosamente muchos de los que promovieron esa práctica ahora como funcionarios de gobierno se sienten indignados cuando se les menciona, en esas investigaciones periodísticas, de incurrir en actos que se ubican cuando menos bajo la sospecha de corrupción.
Por ejemplo, los señalamientos sobre irregularidades cometidas en la construcción de la Línea 12 del metro capitalino, y que presuntamente provocaron el fatal accidente de hace poco más de un mes, requiere una respuesta más allá de la descalificación de la información.
La honestidad y transparencia en un gobierno no se logra por decreto. No medir con la misma vara un mismo hecho corrupción en cualquier nivel, en cualquier gobierno, de cualquier color, es de cínicos, y también de corruptos.
