Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se realizan negociaciones con los empresarios gasolineros del país, para construir un acuerdo voluntario que permita establecer un precio máximo de 24 pesos al litro de gasolina. Se estableció que dicho acuerdo se anunciará a más tardar la próxima semana.
En nuestro país hay dos precios en los mercados a los que somos extremadamente sensibles. Si sube el precio del dólar percibimos que la marcha de la economía nacional va mal; si sube el precio de la gasolina anticipamos que vendrá un impacto negativo al poder adquisitivo de las familias. Durante los últimos años la expresión gasolinazos se ha anclado en la conversación pública. Recordemos como en diciembre de 2016, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto anunció una alza torpe y desproporcionada en el precio de la gasolina que originó fuertes protestas y movilizaciones sociales. Para la campaña electoral de 2018, el candidato AMLO ofreció que en su gobierno se acabarían los gasolinazos y que el precio bajaría a 10 pesos.
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Fijar el precio de la gasolina en 24 pesos resultará sumamente complicado de administrar. En principio, habría que establecer que este precio depende del mercado mundial del petróleo y de las variaciones en el tipo de cambio. Estas dos variables macro están fuera del control gubernamental y resultan difíciles de gestionar. Si aumenta el precio internacional del petróleo se elevará inevitablemente la cotización del combustible; si sube el dólar el costo de la gasolina se incrementará, dado que México importa alrededor del 70 % de la gasolina que consumimos.
En nuestro país hay 13 mil 618 estaciones de gasolina, de las cuales, 54 % son de la marca Pemex. Cada día se comercializan un poco más de 100 millones de litros. El gobierno obtiene importantes beneficios fiscales, alrededor de mil 100 millones de pesos diarios en impuestos. De acuerdo con los especialistas, en el precio de cada litro cerca del 50 % del costo de la gasolina corresponde al precio del combustible y su transporte que administra esencialmente Pemex; el 40% son impuestos que cobra la SHCP; y el 10 % restante representa el margen de operación y utilidad de los expendedores. A decir de los analistas, la medida más viable para establecer un tope máximo al precio de la gasolina sería sacrificando parte de la recaudación que el Gobierno Federal obtiene vía el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS). Aquí está una gran parte del problema y la solución. De cada 25 pesos que se pagan por cada litro de gasolina, 10 pesos corresponden a impuestos, una parte al IVA y otra mayor al IEPS. Al expendedor final solamente le quedan cerca de 2.5 pesos, un estrecho margen para su operación y utilidad.
Habrá que repensar muy bien esta decisión. Los controles de precios nunca funcionan. Si vía la presión política se opta por reducir el margen de ganancia de los empresarios y fija un tope máximo al precio de la gasolina, posiblemente se reducirán las estaciones de servicio y desparecerán marcas; los expendedores comprarán más huachicol para obtener un suministro más barato; adulterarán las gasolinas y venderán más litros incompletos. A la larga, perderemos todos los consumidores.
