El año 2023 será políticamente complicado, de polarización y confrontación, conforme avanza el tiempo para la sucesión presidencial las tensiones entre los grupos políticos dentro y fuera del gobierno aumentan. Las élites o grupos de poder comenzarán a tomar decisiones, lados, decantaciones.
La República divide el ejercicio del poder político en tres: el Ejecutivo, representado en el Presidente de la República; el Legislativo, representado en las y los diputados y senadores de la cámara alta y baja; y el poder Judicial, representado en los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justica de la Nación, que esta semana estrenó una nueva titular, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández.
Y traigo a la reflexión lo anterior, porque en países presidencializados como el nuestro, se nos olvida que no todos los asuntos del poder giran entorno al titular del Ejecutivo, que buena parte de las decisiones nacionales se toman, o deberían tomar, en la independencia de un Poder Judicial, autónomo, reflexivo e independiente que garantice la inviolabilidad del orden constitucional y sirva de arbitro para mediar en los difíciles momentos de controversia o tensión entre los otros poderes.
¿Qué pasa cuando un gobernador decide por berrinche no publicar una Ley que un Congreso legisló? Ahí está la Suprema Corte. ¿Qué pasa cuando un congreso legisla contraviniendo los derechos o las garantías individuales de las personas? Ahí está la Suprema Corte. ¿Y cuándo una autoridad deja de perseguir los delitos de un servidor público por ser amigo de un gobernante en turno? Ahí está la Suprema Corte. ¿Qué pasa cuando el Presidente de la República modifica leyes secundarias que atentan contra el orden constitucional? Ahí debe estar la Suprema Corte.
Dicho lo anterior, debe quedarnos claro que la ministra Piña Hernández, nueva titular de la Suprema Corte, es una mujer que ha dedicado 34 años de su vida al ejercicio del servicio público en el Poder Judicial, con estudios de licenciatura y maestría, ponente, docente y escritora de algunos textos especializados, es considerada por expertos como una “doctrinaria” del derecho, que entró a ocupar la vacante que dejó la exministra Olga Sánchez Cordero en el máximo circuito y que su desempeño siempre ha sido honorable e incuestionado jurídicamente hablando.
Venció por un solo voto al ministro Ortiz Mena en una reñida contienda después del escándalo en el que su par, la ministra Yasmín Esquivel, se viera involucrada por el supuesto plagio de su tesis de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde también es egresada la ministra Norma Lucía Piña. De tal el escándalo, que Esquivel Mossa ministra desde 2019, no alcanzó a pasar mas allá de la primera ronda logrando solo un voto, muy probablemente el de ella misma.
El reto para la ahora Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será mantener la independencia y la autonomía, el respeto del máximo tribunal en el marco que exige la Constitución para que el regente y primo órgano jurisdiccional del país permanezca como un pilar de contrapeso a los dos otros dos poderes constituidos del Estado. No será fácil, tal como lo advierto al principio de esta columna, lo que viene para el 2023 es polarización y enfrentamiento, mucho trabajo para la corte, mucha presión para la ministra titular del máximo tribunal, esperemos le vaya bien por el bien de México y el futuro que nos es común. Luego le seguimos…
