El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2021 por la cantidad de 417 millones 130 mil 185 pesos. Más de una cuarta parte de ese dinero se irá a los bolsillos de los partidos políticos.
Es mucho dinero, sobre todo si se mira desde la perspectiva de lo que se puede hacer con tan extraordinaria suma, si se invirtiera en escuelas, en mejorar infraestructura de salud y condiciones para personal médico y maestros.
¿Es culpa del órgano encargado de organizar el proceso electoral? No. Esto es lo que tenemos sostenido en un marco jurídico creado a conveniencia por los propios partidos políticos en desvergonzada complicidad para saquear recursos hasta asfixiar las finanzas públicas a límites insultantes, insostenibles e inaceptables.
Siempre ha podido más la desmedida voracidad para llevarse recursos públicos que una razonable prudencia asumida en función de los notables rezagos sociales que se padecen y que parte de esos dineros bien pudieran ser canalizados para atenuar las condiciones de miseria en la que viven los segmentos económicamente más desprotegidos de la sociedad.
Y más relevancia toma todo esto en momentos de la crisis de salud y económica generada por la pandemia del COVID-19, cuando cientos de sinaloenses están muriendo de esa enfermedad por carecer de medios para la atención médica y medicamentos, que el gobierno ha sido incapaz de proporcionarles de manera gratuita.
Bajo el marco legal, podría reducirse el monto propuesto para la organización de las elecciones, pero no lo correspondiente al financiamiento de los partidos políticos.
No, porque eso está claramente definido en la ley, esa misma ley que han creado en evidente complicidad los propios partidos políticos para dar legalidad a ese saqueo de recursos que vienen de nuestros impuestos.
Sí es legal, pero jamás será ni remotamente justo, ni prudente y menos ético. Pero es lo que han creado. Y que no vengan con el argumento de que el Estado debe financiar a los partidos para evitar dinero ilícito. El Estado debe financiar la organización del proceso electoral, las elecciones, pero no sostener con nuestros impuestos esa corrupta y detestable partidocracia.
Porque, además, pese a los cientos de millones de pesos que se llevan de dinero público cada año, siempre tienen más recursos de procedencia ilegal. Y las pruebas abundan.
