Tal y como lo comentamos en una entrega anterior, era difícil que la iniciativa de reforma electoral elaborada por el equipo que formó la presidenta, Claudia Sheinbaum, saliera adelante.
Al discutirse en la Cámara de Diputados federal, el pasado martes 10 de marzo, la iniciativa de la presidenta alcanzó 259 votos a favor y 234 votos en contra. La iniciativa de la presidenta, ocupaba 334 votos para ser aprobada, es decir las 2/3 partes de 500. No los alcanzó. Los aliados de la 4T (Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista) no hicieron suya.
Pero las cosas no quedaron ahí. Se desecho el Plan A de la presidencia, pero inmediatamente se siguió discutiendo con los aliados un Plan B. Morena, el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) empezaron a trabajar una propuesta a la cual se le ha llamado Plan B. Y fue el pasado sábado 14 de marzo, cuando la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y los dirigentes de los partidos políticos aliados, manifestaron que ya habían llegado a acuerdos importantes, y que el Plan B lo presentarán el martes 17 del presente mes en la Cámara de Diputados.
¿Qué se busca con el Plan B?
Se busca terminar con los privilegios que han encarecido innecesariamente nuestro sistema político y destinar esos recursos, a través de programas sociales, al bienestar de la población.
El plan B de la presidenta contempla limitar el presupuesto anual de los 32 Congresos estatales para evitar que un solo legislador cueste al erario hasta 34 millones de pesos al año.
Establecer un máximo de regidores en los ayuntamientos según el tamaño de la población, para evitar cabildos grandes y costosos; permitir que los temas electorales puedan ser sujetos de consulta popular; abrir la puerta para adelantar la revocación de mandato y empatarla con la elección federal de 2027; y ajustar las disposiciones de salarios máximos para que los funcionarios electorales no puedan ganar más que la presidenta de la República. Todo ello, para generar ahorros por 4.000 millones de pesos, según las estimaciones de la presidencia.
Poner un tope máximo a lo que debe de destinarse a los Congresos Locales
Ampliar la participación ciudadana. Que haya temas electorales que, si se puedan consultar a la gente, como los montos a los partidos políticos.
Que la revocación de mandato pueda ser en el tercer o cuarto año de gobierno. La gente podrá solicitarla.
En Sinaloa se tiene que revisar el salario de los presidentes municipales, no puede ser posible que la presidenta municipal de Choix gane $111, 879.09 al mes, el presidente municipal de Culiacán la cantidad de $79,897.00 y la presidenta municipal de Mazatlán, $53,636.00. La presidenta de Mazatlán no debe ganar la mitad de lo que gana la presidenta municipal de Choix.
Si se cumple lo prometido, en esta semana el Plan B entrará a discusión en la Cámara de Diputados.
