Sinaloa lleva veinte meses hundiéndose en silencio. Desde que el 9 de septiembre de 2024 estalló la guerra entre las facciones Guzmán y Zambada del Cártel de Sinaloa, la economía estatal ha acumulado una herida que no cierra: pérdida de empleos, cierre de empresas, contracción del PIB y desplome de la inversión extranjera. Lo más grave no es sólo la violencia —que ya suma más de 3,100 homicidios dolosos en ese periodo, según cifras oficiales—, sino la indiferencia con que el gobierno federal ha respondido al desastre económico que esa violencia ha generado. Sinaloa no ha recibido un plan de reactivación, ni apoyos fiscales extraordinarios, ni señales de que la federación comprende la magnitud del daño. La presidenta Claudia Sheinbaum, llegó incluso a atribuir la pérdida de empleos a la sequía, cuando los propios datos del IMSS y del INEGI cuentan una historia muy distinta.
Los números son contundentes. De abril de 2024 a abril de 2026, Sinaloa ha perdido 27,349 empleos formales según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), regresando al nivel más bajo de ese indicador desde 2021: cinco años de avance laboral borrados en menos de dos. La caída no es uniforme: el primer trimestre de 2026 registró una contracción de 2.7 por ciento en el empleo formal, colocando al estado en el lugar 28 de 32 entidades —sólo por encima de Chiapas, Coahuila, Campeche y Guerrero—, cuando la media nacional de pérdida fue de apenas 0.6 por ciento. Tan sólo en 2024, Sinaloa fue uno de los únicos once estados del país con pérdida neta de empleos formales al cierre del año.
El tejido empresarial ha sufrido un daño estructural que tardará años en repararse. El Consejo Sinaloense de Empresarios estima que desde el inicio del conflicto se han cerrado más de 4,500 empresas y se han perdido cerca de 20,000 empleos directamente vinculados al sector privado. El CODESIN reportó que en el primer trimestre de 2026 había 4,431 patrones menos que antes del inicio de la ola de violencia. La industria restaurantera, termómetro de la economía local registró el cierre de 38 establecimientos afiliados a la CANIRAC sólo en los dos primeros meses de 2025. El sector hotelero y turístico —claves en Mazatlán— operó la Semana Santa de 2025 con 70 por ciento de ocupación, lograda sólo a base de descuentos de emergencia.
El Producto Interno Bruto de Sinaloa cayó 0.5 por ciento en 2024 —su peor desempeño desde la pandemia de 2020—, con un desplome de 11.1 por ciento en la agricultura, 18.1 por ciento en la construcción y 23.6 por ciento en hoteles y restaurantes. El PIB per cápita estatal retrocedió a su nivel más bajo desde 2015. Pero hay una lectura aún más severa de fondo. A este efecto dominó se ha sumado un síntoma inequívoco de estancamiento en el mercado inmobiliario, un sector que solía ser dinámico y que hoy refleja la profunda desconfianza y el freno a la inversión en la entidad. Al cierre de abril de 2026, el mercado inmobiliario de Sinaloa mostró un incremento anual de apenas 1.9% en los precios de la vivienda, un desempeño notablemente inferior al promedio observado a nivel nacional, que avanzó a un ritmo del 4% anual.
La doctora Cristina Ibarra, presidenta del Colegio de Economistas de México y académica de la UAS, advierte que el volumen de producción de Sinaloa —el indicador más riguroso del INEGI, ya que no se ve alterado por la inflación— cerró el cuarto trimestre de 2025 en el mismo nivel que en 2018: cero crecimientos reales en siete años. “Lo poco que creció en 2022 fue arrasado por la crisis de violencia que se vive”, señala Ibarra, quien precisa que los valores trimestrales del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) pueden generar confusión, pues se trata de cifras preliminares sujetas a revisión. De hecho, recuerda que el año pasado el propio INEGI publicó primero una cifra de crecimiento negativo y luego la ajustó; algo que ocurre también en otras entidades. “No lo considero premeditado”, aclara la economista, “por ello se hace la aclaración de que son cifras preliminares y el ITAEE no es PIB: el valor de la producción lleva mayor rigurosidad y toma más tiempo su publicación”. La paradoja es que, en la última publicación del INEGI, Sinaloa aparece como líder nacional en crecimiento económico; pero ese resultado se mide contra un año ya en crisis, y el volumen real de producción, el dato duro, no creció.
Ante todo esto, el gobierno federal ha brillado por su ausencia. Martha Reyes, presidenta de Coparmex Sinaloa, resumió el sentir del sector privado con una frase que no debería necesitar explicación: “No pedimos regalos ni limosnas. Pedimos condonaciones de impuestos, tarifas de luz, pagos del Seguro Social y créditos blandos para poder seguir operando.” Esa petición mínima —instrumentos que en otras crisis regionales el Estado mexicano ha activado sin titubear— no ha encontrado respuesta. Sinaloa padece hoy la convergencia de tres fracasos simultáneos: el del Estado que no restauró la seguridad, el del gobierno que no compensó el daño económico y el de una narrativa oficial que insiste en minimizar la magnitud de la crisis. Mientras tanto, 27,000 familias buscan empleo que ya no existe, miles de negocios que no pudieron resistir ya cerraron, y una economía que no creció desde 2018 sigue esperando que alguien, en la Ciudad de México, le tome el pulso.
¿Usted qué opina, amable lector? ¿Hay crisis o es mera exageración de unos cuantos?
