Lo comentamos en este mismo espacio hace unos días, a raíz de las primeras medidas que tomaría el nuevo mando de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave: esta semana sería intensa en cuanto a la producción de información desde esa paramunicipal, y además casi toda de suma relevancia.
Era inminente el choque de posiciones entre la cúpula sindical y el representante de la empresa.
Así ha empezado. José Socorro Castro, al llegar tomó decisiones que impactaron en la nómina y colocó en alerta a los miembros de la cúpula sindical, que ven de esa forma amenazados los fuertes intereses que han ido tejiendo en Jumapag, tanto en el rubro de altos salarios como en la entrega de plazas a sus familiares.
El nuevo gerente ha fijado postura, estableciendo que hay concesiones insostenibles, que son la principal causa de la crisis de la empresa, que benefician no tanto a la base sindical, sino a los miembros de la dirigencia y no pocos protegidos de esta, que sin realizar trabajo alguno tienen grandes sueldos.
Por su parte el líder sindical de los trabajadores al servicio de la Jumapag, Roberto Acosta, dice que si es necesario llevarse tres años en los tribunales lo harán en protección de los intereses de los sindicalizados, y defendió la vigencia del Contrato Colectivo de Trabajo, calificado como ilegal por la parte patronal.
La situación es tan grave que no cabe ya una lucha de vencidas entre las partes, ni bravuconadas, porque la situación es tan grave que no soporta más. Se requiere compromiso y mucha responsabilidad de quienes pueden llegar a acuerdos.
En cuanto al Contrato, no se sé si es ilegal o no, o si está vigente o no porque no se revisa desde 2014, pero lo que sí puedo corroborar es que es sumamente voraz, abusivo, leonino, y que contempla una serie de obligaciones financieras a la empresa que en nada benefician a la base trabajadora, pero sí en cambio han sido causa del socavamiento de sus finanzas.
Le comparto algunos puntos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo, pero hay muchos más así de absurdos, que la parte patronal rechaza y la cúpula sindical defiende, para que saque usted sus propias conclusiones:
1.- La Junta debe entregar lo correspondiente a un salario mínimo por trabajador sindicalizados como cuota anual a la CTM. ¿Eso es justo y genera un beneficio a los empleados de la Jumapag?
2.- La Junta debe pagar tres teléfonos celulares con gasto mensual de 500 pesos, además de la línea contratada en las oficinas del organismo sindical. ¿Les sirve eso a los sindicalizados o solo a la cúpula sindical?
3.- La Junta paga el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los vehículos propiedad del sindicato, además de aportarle una cuota anual de 20 mil pesos para la adquisición de nuevas unidades. ¿Esto es justo y beneficia a los auténticos trabajadores o solo a los líderes?
4.- La Junta le paga al sindicato 12 mil pesos mensuales para el consumo de gasolina de sus vehículos. ¿Les llega algo de este beneficio a los trabajadores, o solo es para los dirigentes?
5.- También le entrega recursos públicos para que el sindicato pague el salario de una trabajadora que laboraría como auxiliar administrativo en las oficinas del sindicato, el servicio telefónico, de internet, agua potable y energía eléctrica que genere la operación de las oficinas del sindicato. El problema es que ese dinero se cobra por parte del sindicato pero no tiene ni oficinas ni trabajadores.
6.- La Junta paga con recursos públicos 36 mil pesos anuales para el mantenimiento del edificio propiedad del sindicato. No hay tal mantenimiento. Las instalaciones están en ruinas.
7.- La Junta también paga lo equivalente a 2.5 salarios mínimos cada año por cada trabajador sindicalizado para la festividad del aniversario del sindicato. Eso significa entre 85 mil y 90 mil pesos anuales. ¿Eso es sano? ¿No debería ser ese pago con las cuotas que pagan los sindicalizados?
No se trata de un juego de vencidas, ni que se genere un detrimento de las condiciones en que trabajan y ganan los sindicalizados. Se trata de encontrar un punto de equilibrio, que permita mantener la mayoría de las prestaciones de los empleados, pero también de encontrar una salida a la situación de crisis financiera en la que se encuentra la Junta.
Los empleados, en su mayoría, ganan bien y tienen buenas prestaciones. Eso se debe privilegiar y mantener. Creo que eso y más merece la clase trabajadora, sindicalizada o no, pero lo menos que se debe exigir como sociedad es que el uso de esos recursos públicos se transparente y se tenga la mayor certeza posible de que efectivamente se están aplicando adecuada y honestamente, llegando a quienes están dirigidos.
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