Tal como se vaticinaba, en la danza de las millonarias partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 a los productores agrícolas sinaloenses no les va nada bien, y todo apunta a que difícilmente en la Cámara de Diputados se puedan lograr modificaciones tan relevantes como para que cambie esa perspectiva.
El esquema de apoyo al campo delineado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no funciona para los productores de granos sinaloenses, como sí lo hace para los precarios del sureste y otras zonas de bajos rendimientos, lo que se confirma en la propuesta de presupuesto enviada por el ejecutivo al legislativo.
El gran problema es que para los agricultores de Sinaloa es grave el recorte presupuestal en lo general, y más serio aún en lo particular en el renglón de la comercialización, que los dejaría a merced de voraces intermediarios que de por sí les compran a como quieren la cosecha de maíz y se la pagan cuando les da la gana.
Si a esto se le agrega la eliminación del apoyo a través de lo que antes fue Procampo, peor las cosas.
En campaña López Obrador dijo a los campesinos sinaloenses que el maíz con él en la presidencia de la república tendría un precio superior a los 7 mil pesos la tonelada, lo que cautivó a los productores.
Pasada la elección bajó la apuesta y estableció que a través de Diconsa se les compraría la cosecha del cereal a 5 mil 600 pesos la tonelada, pero ese precio se sostendría hasta las primeras 20 toneladas por productor.
Esa cantidad aquí se obtiene en poco más de una hectárea, porque son muy altos los rendimientos, pero también muy elevados los costos de producción, lo que devora cualquier posibilidad de utilidad razonable para el agricultor.
El asunto es que en aras de implementar ese apoyo a los productores precarios, lo que me parece justo, se está colocando en grave riesgo a los agricultores de maíz que sí inciden de manera muy relevante en el abasto para consumo nacional.
Los productores poco saben de cifras, de partidas especiales, de reducción de apoyos y de los mecanismos para elaborar el PEF, pero sí saben cuándo por la congelación de los precios de sus cosechas y el abusivo aumento a los costos de producción se quedan sin margen de utilidad, como es posible que suceda ahora si no se pone en marcha un riguroso control en el precio de los insumos y se da una explicación satisfactoria del porqué de la reducción del presupuesto al campo y cómo compensarlo.
Es necesario reiterarlo: El verdadero agricultor no pide que le regalen nada. Exige que se le brinden condiciones de equidad y justicia, que pongan freno a la voracidad de funcionarios de gobierno y de sus cómplices en la iniciativa privada, porque eso los deja en las garras de intermediarios que cometen con ellos toda clase de excesos.
Es difícil una reconsideración, pese a la lucha de última hora que realizan los agricultores sinaloenses en la capital del país, en reuniones con funcionarios federales y diputados, pero lo que sí parece evidente es el surgimiento de una gran movilización campesina en los próximos meses.
Las condiciones están dadas y el campo minado para ello bajo las actuales condiciones, conjugadas las justas pretensiones de auténticos campesinos con las ambiciones políticas de grupos de la oposición.
