Cuando desde el poder se recurre a la firma de acuerdos para comprometerse a respetar la ley, algo no está funcionando bien.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y los 32 gobernadores firman este día el Acuerdo Nacional por la Democracia, mediante el cual se pretende garantizar que las autoridades locales no metan sus manos en el proceso electoral.
El propio presidente de la República y todos y cada uno de los gobernadores del país, de todos los estados y de todos los colores, unos más y otros menos, están metidos de lleno en el proceso electoral, desde en la designación de los candidatos y hasta en el apoyo con recursos públicos.
Y no dejarán de hacerlo solo por firmar un papel en el que se comprometen a que ya no lo harán. Esto no es cuestión de firmas, es cuestión de convicción.
El propio mandatario nacional se involucra en el proceso electoral un día sí y otro también en sus discursos mañaneros, en los que fustiga y descalifica a los partidos de oposición, a todos sus adversarios políticos y a quienes piensan diferente a él.
¿Se va a acabar esta práctica solo porque los actores firmen acuerdo en el que se comprometen a portarse bien? Desde luego que no. Esto es, de parte de todos los protagonistas, una burda farsa, una desafortunada faramalla con la que pretenden vender un compromiso de decencia que de antemano saben no van a asumir.
Sencillamente que se sometan estrictamente a lo que la ley establece en materia electoral. Punto. El delito electoral está debidamente tipificado como grave y quien en él incurre no tiene derecho a fianza.
Todo lo demás son solo poses demagógicas ideadas para llamar la atención y tratar de verse como adalides de la democracia, cuando muchos de ellos son no unos delincuentes en potencia, sino que practican y van a seguir incurriendo en esos excesos que ahora hipócritamente se comprometen a no realizar.
Que respeten la ley. Nada más.
