San Luis Potosí, San Luis Potosí.- La pareja conformada por Luis Azamat y Gustavo Mayén, contactaron con la vendedora inmobiliaria Lucía Rueda de la empresa Opción Desarrollos Inmobiliarios, con el interés de adquirir uno de los espacios disponibles en El fraccionamiento La Viña Residencial.
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Todo fluyó muy natural durante las charlas con la vendedora, hasta que utilizando el CURP de Luis descubrió que estaba casado nada más y nada menos que con otro hombre. A partir de ese momento la mujer cortó completamente la comunicación y los bloqueó del sistema.
Al hablar sobre el incidente con su pareja, Gustavo; él se puso en contacto nuevamente con la inmobiliaria, esta vez lo atendió otro vendedor, quién le aclaró que no existía alguna restricción por condición social, preferencia religiosa o sexual; para poder adquirir una de sus casa.
Gustavo le contó lo sucedido con Lucía. El agente inmobiliario, Javier Govea, le pidió una disculpa. Se ofreció a averiguar qué había sucedido y a atenderlos él mismo para la venta de la casa.
Días más tarde se reunieron para realizar un recorrido por algunas de las casas del fraccionamiento y también ahí fue cuando les aclaró lo que había sucedido: Lucía Rueda es la mamá del gerente, Carlos Morales, y le había ordenado a su hijo bloquear a la pareja en el sistema para que ningún otro asesor pudiera atenderlos.
En México no hay un registro de cuántas personas homosexuales han sufrido este rechazo. Los datos que da la Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS) 2017, la última disponible, documentó que 33% de las mujeres y 41% de los hombres encuestados indicaron que no le rentarían un cuarto de vivienda a una persona trans y el 30% de las mujeres y 35% de los hombres aseguró que no le rentarían a alguien por ser gay o lesbiana.
Gustavo metió una queja en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), una queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, también en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); sin obtener algún tipo de resolución más allá de “recibido”.
Hicieron una denuncia ante el ministerio público por el delito de discriminación. Se abrió la carpeta de investigación y ya está en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de San Luis Potosí.
Al momento el juicio de amparo interpuesto por la abogada Kalycho Escoffié sigue su curso.
Con información de Animal Político
