Sin justicia, a 20 años de la masacre de Aguas Blancas

México, D.F.- La
desaparición de Gilberto Romero Vázquez, integrante de la Organización
Campesina de la Sierra Sur (OCSS), en mayo 24 de 1995, ocasionó que sus
compañeros de dicho colectivo realizaran movilizaciones para exigirle al
entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, la aparición
con vida del líder.
Los municipios de Atoyac y Zihuatanejo en el estado de Guerrero,
serían los puntos de encuentro para manifestarse y exigir, además, el
cumplimiento de diversos acuerdos pendientes en otros municipios del
estado como ayudas para la producción de alimentos, carreteras,
escuelas, centros de salud así como la promoción de la defensa de los
bosques y recursos naturales.
Los hechos
El 28 de junio de 1995, los campesinos se dividieron y mientras unos
se manifestaron en Zihuatanejo, otros se encontraban en Coyuca de
Benítez, específicamente en el Vado de Aguas Blancas.
De acuerdo a la descripción sumaria de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) sobre los acontecimientos en Aguas Blancas,
“elementos de la Policía Motorizada del Estado, al mando del mayor
Manuel Moreno González, con la intervención del Primer Subprocurador
General de Justicia y del Director General de Gobernación del Estado,
instalaron un puesto de revisión (retén), a tres kilómetros del poblado
de Aguas Blancas, del mismo Municipio de Coyuca de Benítez y,
aproximadamente a las 10:30 horas, cuando revisaban al primero de los
dos vehículos, el camión torton de color rojo, que se 10 dirigía al
Municipio de Atoyac de Álvarez, se aproximó la segunda unidad, es decir,
la camioneta de color azul, a la que los elementos policíacos le
solicitaron que detuviera su marcha para realizar la revisión
correspondiente. En dicho lugar y todavía con el vehículo en movimiento,
descendieron dos personas, una de ellas visiblemente armada con
machete, que agredió al Comandante de la Policía Motorizada Lorenzo
Roque Cortez. Igualmente resultó lesionado Dustano Vargas Hernández,
elemento de esa misma corporación. En ese momento, se suscitaron
diversos disparos de arma de fuego, resultando originalmente catorce
campesinos muertos y 24 lesionados, en el lugar de los hechos”.
Según la versión del gobierno del Estado de Guerrero, la agresión la
iniciaron dos campesinos que bajaron de las camionetas con sus machetes
para después, ser agredidos por otros que dispararon desde las
camionetas en las que viajaban.
Mientras que la versión de los campesinos es que dos de sus
integrantes agredieron a los comandantes lo que ocasionó que los
miembros de la Policía Motorizada dispararan indiscriminadamente en
contra de ellos. Aseguran que quienes no resultaban heridos los tiraban
al piso con la cabeza viendo al suelo mientras que a quienes resultaron
con heridas les daban “el tiro de gracia”. Los campesinos aseguran que
se trató de una emboscada.
Sin embargo, los habitantes y testigos aseguran que existe un video
en el que se observa que trabajadores del campo fueron baleados sin
poder repeler la agresión.
El ataque de los uniformados dejó 17 campesinos asesinados.
“¡28 de junio no se olvida, es de lucha combativa!”
Desde el 28 de junio de 1995, habitantes de las comunidades cercanas
a la matanza se organizan para realizar cada año una marcha para clamar
justicia por la matanza de 17 campesinos a manos de elementos de la
Policía Motorizada.
Los manifestantes, no solo exigen justicia por sus compañeros
asesinados esa fecha, si no por otras desapariciones de dirigentes de
organizaciones sociales que han sido asesinados a lo largo de dos
décadas.
En 1996, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó
que el 28 de junio de 1995 se cometieron violaciones a los derechos
humanos y exigió castigar a los culpables, señalando al ex gobernador
Figueroa Alcocer; a su secretario de Gobierno, Rubén Robles Catalán, y a
Antonio Alcocer Salazar, ex procurador de Justicia.
Por su parte, en 1998, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) demandó ejercer acciones en contra de quien resultara culpable de
los hechos.
Las movilizaciones y acciones para demandar justicia siguen a dos
décadas de los acontecimientos. Habitantes de la localidad aseguran que
seguirán con las demandas.SA