Ciudad de México. – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el proceso penal contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, responda a una venganza política. Aseguró que se trata de una investigación por presuntos delitos de contrabando de combustible, luego de que expresidentes iberoamericanos señalaran un supuesto deterioro del Estado de derecho en México.
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Respuesta a expresidentes de IDEA sobre el caso Ruffo
Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria respondió a los pronunciamientos del Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), integrado por figuras como José María Aznar, Felipe Calderón y Álvaro Uribe, quienes expresaron preocupación por la detención del exmandatario estatal.
“Más allá de las personas, sería muy bueno que se informara. Que siguieran la información que ha dado la Fiscalía General de la República. Porque, repito, no tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal”, afirmó la presidenta.
La mandataria insistió en que el caso debe analizarse desde las investigaciones de la FGR, que señalan presuntos delitos fiscales y de hidrocarburos derivados de operaciones ilegales prolongadas durante varios años.
Investigación de la FGR por contrabando de hidrocarburos
Sheinbaum explicó que las acusaciones contra Ruffo Appel se relacionan con el contrabando de combustible y fraude a la hacienda pública, actividades que, según la investigación, se realizaron de manera sistemática.
“Es un asunto que tiene que ver con un delito por el cual está juzgado y que hay suficiente información por parte de la Fiscalía para obtener una orden de aprehensión de un juez”, señaló.
La FGR confirmó que la vinculación a proceso del exgobernador deriva de su probable participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos por ferrocarril. Además, informó que junto con Ruffo Appel fueron detenidas otras siete personas vinculadas a la misma operación.
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El gobierno federal sostiene que el caso contra Ernesto Ruffo Appel no responde a motivaciones políticas, sino a una investigación criminal sustentada por pruebas de la FGR. La presidenta Sheinbaum defendió la autonomía de la Fiscalía y reiteró que las acusaciones se centran en delitos de contrabando y fraude fiscal, descartando cualquier intento de persecución política.
