Ciudad de México. – La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, anunció que el Ejecutivo enviará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
El objetivo es que los partidos políticos, de manera voluntaria, puedan acceder a información sobre aspirantes a candidaturas que presenten un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada.
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Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas
La propuesta contempla la creación de una Comisión de Verificación dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE), integrada por cinco consejeros electorales elegidos por el Consejo General para un periodo de tres años.
Esta comisión funcionará como enlace entre los partidos políticos y las autoridades de seguridad e inteligencia, incluyendo la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Los partidos que decidan participar entregarán la lista de aspirantes, y la comisión consultará con las dependencias si existe o no un riesgo razonable. La información será entregada a los partidos sin detallar los casos específicos, únicamente señalando si hay riesgo y qué institución lo advierte.
Respetarán confidencialidad y responsabilidad de los partidos politicos
Luisa María Alcalde subrayó que todo el proceso se realizará bajo estricta confidencialidad y que la información tendrá carácter reservado para no afectar el debido proceso. Los partidos políticos serán responsables de decidir si registran o no a los aspirantes señalados con riesgo razonable.
Además, quienes busquen una candidatura deberán manifestar su conformidad para ser evaluados por la Comisión de Verificación, independientemente de la decisión del partido de someterlos a revisión.
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La iniciativa busca fortalecer la integridad de las candidaturas rumbo a las elecciones de 2027, ofreciendo a los partidos herramientas para prevenir la infiltración de la delincuencia organizada en la vida política del país. La propuesta será discutida en el Congreso y, de aprobarse, marcaría un cambio significativo en los mecanismos de control electoral.
