Chiapas. Diez servidores públicos fueron detenidos en Chiapas por su presunta participación en actos de tortura cometidos contra un hombre durante un operativo en Tuxtla Gutiérrez. El caso comenzó a investigarse después de que circulara en redes sociales un video donde se observa a funcionarios incurriendo en posibles abusos contra una persona detenida.
La Fiscalía General del Estado confirmó que entre los arrestados se encuentran mandos y personal operativo, incluidos agentes del Ministerio Público y policías. Las autoridades señalaron que la investigación avanzó tras identificar a quienes aparecen en las grabaciones difundidas públicamente.
Video difundido en redes impulsó apertura de investigación
Según información oficial, los hechos ocurrieron el pasado 14 de marzo en la colonia Loma Bonita, durante un despliegue relacionado con acciones para combatir el robo de vehículos en Tuxtla Gutiérrez. En el operativo participaron distintas corporaciones de seguridad.
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El fiscal estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que fueron detenidos un subdirector, tres agentes del Ministerio Público, un secretario y cinco policías, luego de reunir elementos suficientes para vincularlos con los actos investigados.
Las diligencias continúan para establecer si más personas tuvieron participación directa o indirecta en lo ocurrido. Mientras tanto, los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de determinar su situación jurídica conforme avance el proceso.
¿Cuál fue la postura oficial ante las acusaciones contra los funcionarios?
Las autoridades estatales aseguraron que los hechos serán investigados y sostuvieron que cualquier conducta ilegal cometida por servidores públicos deberá ser sancionada conforme a la ley.
Investigación permanece abierta y podría sumar más implicados
La Fiscalía de Chiapas indicó que las pesquisas siguen en desarrollo y no descartó ampliar las responsabilidades a otros funcionarios conforme se revisen nuevas pruebas sobre el operativo realizado en Loma Bonita. Además, el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca afirmó que no se permitirá impunidad en casos relacionados con tortura o abuso de autoridad, y aseguró que quienes resulten responsables enfrentarán consecuencias legales.
