México. Con 87 votos a favor y 41 en contra, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional en materia electoral, conocida como “Plan B”, tanto en lo general como en lo particular, alcanzando así la mayoría calificada requerida. El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.
Durante la sesión, se avalaron cambios a diversos artículos de la Constitución que impactan la integración de los ayuntamientos, estableciendo un máximo de una sindicatura y hasta quince regidurías. Además, se fijaron límites al gasto de los congresos locales, que no podrán exceder el 0.70 por ciento del presupuesto estatal.
Uno de los puntos relevantes fue la modificación a las remuneraciones de funcionarios electorales, quienes no podrán percibir ingresos superiores a los del titular del Ejecutivo federal. También se contempla una reducción progresiva del presupuesto del Senado, con el objetivo de alcanzar un recorte acumulado del 15 por ciento en los próximos cuatro años.
En lo particular, se aceptó una reserva presentada por la senadora del PT, Lizeth Sánchez García, para eliminar los cambios propuestos al artículo 35 en materia de revocación de mandato, manteniendo esta figura en sus términos actuales. La legisladora argumentó que mezclar este mecanismo con procesos electorales podría afectar su sentido democrático.
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El debate evidenció posturas encontradas entre las distintas fuerzas políticas. Desde Morena, se defendió la reforma como un fortalecimiento de la soberanía popular, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano expresaron preocupaciones sobre una posible concentración del poder y afectaciones al federalismo.
¿A qué hora se alcanzó la mayoría calificada para aprobar la reforma?
La aprobación del dictamen se concretó durante la sesión legislativa mediante la votación que registró 87 sufragios a favor, cifra suficiente para cumplir con el requisito constitucional de mayoría calificada en reformas de este tipo.
Posturas enfrentadas marcan el rumbo del debate legislativo
Las distintas bancadas fijaron posicionamientos firmes durante la discusión. Mientras legisladores de Morena y aliados respaldaron el proyecto al considerarlo un avance en la participación ciudadana y la eficiencia institucional, la oposición advirtió riesgos en la centralización de decisiones y en la posible afectación al equilibrio de poderes. A pesar de las reservas y propuestas presentadas por diversos grupos parlamentarios, estas no prosperaron, lo que permitió que el dictamen fuera aprobado en sus términos y remitido a la Cámara de Diputados para su análisis.
