Senado aprueba en lo general Ley del Servicio Profesional Docente

Ciudad de México.- Con 102 votos a favor y 22 en contra, el Senado de la República
aprobó la madrugada de este miércoles, sin modificación alguna, la
minuta de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la cual fue remitida al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Luego de una mañana poco usual, en la que varios legisladores
tuvieron que arribar al recinto parlamentario caminando por las calles
aledañas, debido al bloqueo realizado por integrantes de la CNTE, se
llevó a cabo la reunión de las Comisiones de Educación y Estudios
Legislativos, que -en sólo 40 minutos- avalaron el dictamen
correspondiente.
Un par de horas más tarde, el pleno de la Cámara Alta inició con la
discusión de este asunto en donde fueron rechazadas las reservadas
presentadas a 27 artículos por parte de legisladores del PRD y PAN que
pretendían modificar la minuta enviada desde San Lázaro.
En tribuna, senadores del PRD, del PT y Movimiento Ciudadano
cuestionaron el proceso de aprobación de esta ley, que -afirmaron- más
que educativa es un estatuto laboral.
El coordinador del PT, Manuel Bartlett, cuestionó la forma tan rápida
en la que el dictamen llegó al pleno para su discusión. Afirmó que, con
este procedimiento, se violó la ley y el reglamento.
De igual forma, la senadora por Movimiento Ciudadano, Layda Sansores,
lamentó que se haya tenido que sesionar ?en un recinto amurallado por
el miedo? y violando todas las formas.
Advirtió, en este sentido, que si el Jefe del Ejecutivo cree que va a
imponer todas sus reformas se equivoca, ya que, aseguró, para hacer
grandes transformaciones se requiere de grandes liderazgos, no de
?muñecos  guiñol?.
Por su parte, el senador perredista, Raúl Morón, aseguró que esta ley
sólo busca acotar los derechos de los trabajadores de la educación. Se
trata, dijo, de una legislación que no resuelve el problema educativo y
que sólo tiene con una gran desconfianza a todos los maestros de México.
La también senadora por el PRD, Dolores Padierna, advirtió que sin la
participación genuina de los profesores tarde o temprano el conflicto
va a escalar. Aprovecho además para cuestionar a su compañero de bancada
Isidro Pedraza, quien anticipó que votaría a favor del dictamen.
Al igual que el senador Isidro Pedraza, el perredista Zoé Robledo
señaló que votaría a favor del dictamen, ya que, dijo, si bien hay
razones para rechazar esta ley, sería un insulto para las nuevas
generaciones dejar las cosas como están.
De igual forma, las senadoras perredistas Angélica de la peña,
Alejandra Barrales y Luz María Beristain votaron a favor de esta
legislación.
Por otro lado, el presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos
Romero Hicks (PAN), defendió los contenidos de esta ley, que, dijo,
sentará las bases para contar con maestros certificados de alto nivel
profesional.
Además aprovechó para rechazar las voces que han señalado que no hubo
un proceso de análisis exhaustivo. Y es que, aseguró, se ha escuchado
absolutamente a todas las voces.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos,
Graciela Ortiz (PRI), aseguró que esta ley impedirá que sea la
discrecionalidad la que privilegie la forma de acceder a las plazas
docentes o permanecer en las mismas.
Cabe señalar que la Ley General del Servicio Profesional Docente
establece que serán las autoridades educativas y los organismos
descentralizados quienes evalúen el desempeño docente y de quienes
ejerzan las funciones de dirección o supervisión.
Esta medida será obligatoria y el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE) determinará su periodicidad y
considerará por lo menos una evaluación cada cuatro años.
Cuando el resultado del examen sea insuficiente, el personal deberá
incorporarse a un programa de regularización y se podrá someter a una
segunda y hasta una tercera valoración. En caso de no alcanzar el nivel
suficiente el personal será readscrito para continuar en otras tareas
dentro del servicio.
También se plantea que el personal que no se ajuste a los procesos de
evaluación o a los programas de regularización será separado del cargo
sin responsabilidad para las autoridades.
NE