México.- La titular de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde informó este martes que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decide eliminar la prisión preventiva de oficio, esto permitiría la liberación de 68 mil delincuentes que se encuentran bajo esta situación en México.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria criticó la intención de la Corte por eliminar dicha figura, extralimitando sus funciones y causando un daño severo en el país.
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“Vamos a exponer una preocupación que mantenemos en el Gabinete de seguridad respecto a una decisión próxima en las próximas semanas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la prisión preventiva de oficio. Creemos que la Suprema Corte no solo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país”, detalló.
Ante esta situación, la funcionaria detalló que, el viernes pasado el Gabinete de Seguridad le envió una carta a todas las ministras, a todos los ministros, para plantearles las preocupaciones del gobierno de AMLO.
“Estamos hablando de 11 mil 640 acusados de homicidio, siete mil 150 acusados de secuestro, cinco mil 617 de violación, cuatro mil 13 de narcotráfico y narcomenudeo, 3 mil 800 de portación de armamento y explosivos, mil 405 de feminicidio, mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores, y 405 por delincuencia organizada”, argumentó.
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Cabe destacar que la Corte decidirá se invalidad la prisión preventiva oficiosa, contenida en el Artículo 19 de la Constitución, ordenando a los juzgadores federales su inaplicación.
“Esta decisión la toma a partir de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que -como sabemos- es una instancia judicial internacional que pertenece a la OEA, a la Organización de los Estados Americanos, en donde condena a México y resuelve que se deben adecuar las leyes incluyendo la Constitución para eliminar la prisión preventiva”, subrayó.
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“Aunque esta resolución por parte de la Corte Interamericana obliga a todo el Estado mexicano en su conjunto, la Corte atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla y ordenar unilateralmente cómo México debe darle cumplimiento sin que se tome en cuenta otras instituciones, una cuestión obvia sería el Congreso de la Unión quien debería analizar la posibilidad de estas modificaciones”, declaró.
