Se necesitaron más de 100 amparos para que Corte reconociera matrimonio igualitario: Alí Méndez

Redacción.- Más de 100 amparos se han presentado en 25 estados del país para que
parejas del mismo sexo tengan acceso al matrimonio y a todos sus
beneficios legales, pero a pesar de dicha batalla legal sólo el Distrito
Federal y Coahuila han reconocido de manera plena este derecho de las
parejas homosexuales.
En Quintana Roo, la redacción del Código Civil estatal siempre ha
señalado que el matrimonio es la unión entre dos personas, vacío legal
que ha sido aprovechando  por parejas del mismo sexo desde junio del
2012 para poder casarse, sin que el Congreso local haya intentado
prohibir las llamadas ?bodas gay?.
En contraste, existen 29 entidades federativas con Códigos Civiles
que consideran al matrimonio como una unión exclusivamente entre un
hombre y una mujer, definición que ya ha sido declarada inconstitucional
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación  (SCJN) a través de tres
jurisprudencias distintas.
Dos de las citadas jurisprudencias  hablan del matrimonio civil de
manera directa, mientras que la tercera advierte a los congresos
estatales de todo el país, que no se puede regular el estado civil de
las personas imponiendo leyes que son contrarias a los derechos humanos 
y a los principios constitucionales de igualdad y a la
no-discriminación.
De acuerdo con la tesis jurisprudencial  45/2015 publicada el pasado
viernes 19 de junio, los Congresos estatales tienen libertad legislativa
para regular el estado civil de las personas, pero esa atribución está
limitada por los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los
tratados internacionales suscritos por México.
Por lo anterior, los diputados locales de las 32 entidades
federativas deben respetar principios fundamentales de los derechos
humanos como son los derechos a la igualdad y a la no discriminación,
los cuales forman parte de cualquier otro derecho humano y por lo que no
es válido ningún tipo de distinción, restricción o exclusión por la
preferencia de una persona , ya sea sexual o religiosa.
La Corte advierte que la discriminación puede operar de manera legal o
de facto, de forma directa o indirecta, cuando no se adoptan medidas
temporales diferenciadas para evitar o perpetuar situaciones de
discriminación estructural o de exclusión continuada, ya que la vigencia
de leyes contrarias a los derechos humanos pueden discriminar
directamente a una persona o grupo de personas.
Se trata de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte al mismo
tiempo que ha declarado inconstitucional la definición del matrimonio
como una unión exclusiva entre un hombre y una mujer, por lo que para el
Coordinador del Movimiento por el Matrimonio Igualitario en México,
Alex Alí Méndez, existe una obligación de los Congresos Estatales para
adaptar sus leyes a lo dispuesto por el Máximo Tribunal del país.
Sin embargo, también reconoce que con todo y la resolución de la
Primera Sala de la Corte, los gobiernos de los estados y los congresos
locales todavía no están dispuestos a legislar para que el matrimonio
igualitario sea una realidad en todo México, por lo que las parejas
homosexuales tendrán que seguir recurriendo al juicio de amparo para
acceder a este derecho y todos sus beneficios legales, pero ahora con la
seguridad de que los jueces federales están obligados a concederles el
amparo, ya que existen dos jurisprudencias de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) en las que se advierte que no existe
ninguna razón constitucional para negarles este derecho a los parejas
del mismo sexo y en las que se declaran inválidas las definiciones de
matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer.
Por último, afirma que esta lucha iniciada en el año 2006 con la
aprobación de las sociedades de convivencia en el Distrito Federal, se
ha enfrentado con obstáculos de los tres principales partidos PRI, PAN y
PRD, por lo que considera que las parejas del mismo sexo han tenido que
luchar contra un prejuicio que está más allá de las ideologías
políticas.SA