México. – En una sesión pública celebrada este jueves 13 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por unanimidad el amparo promovido por Grupo Elektra en el juicio fiscal 6321/2024, confirmando la resolución del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que exige el pago de 33 mil 306 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal de 2013.
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La decisión representa un avance en la resolución de una serie de litigios fiscales que involucran al empresario Ricardo Salinas Pliego y sus empresas, entre ellas TV Azteca y otras filiales del Grupo Salinas.
¿Qué otros juicios están en revisión?
De acuerdo con fuentes judiciales y fiscales, aún están pendientes al menos seis juicios adicionales que podrían elevar la deuda total a más de 74 mil millones de pesos, incluyendo recargos, actualizaciones y multas por ejercicios fiscales entre 2008 y 2013.
La SCJN ha optado por revisar cada caso de forma individual, priorizando aquellos con mayor impacto económico y relevancia jurídica. La resolución de este primer juicio podría sentar un precedente para los fallos restantes.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre el tema durante su conferencia matutina, señalando que “los ministros y ministras se deben al pueblo” y que su gobierno respetará la autonomía del Poder Judicial. También destacó la importancia de que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, sin privilegios ni excepciones.
¿Qué sigue para Grupo Elektra?
Con la resolución firme de la Corte, Grupo Elektra deberá acatar el fallo y realizar el pago correspondiente, salvo que interponga algún recurso ante instancias internacionales. El SAT, por su parte, ha reiterado que continuará con el seguimiento de los demás litigios abiertos y que se mantendrá firme en la defensa del interés público.
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Ricardo Salinas Pliego es uno de los empresarios más influyentes de México, con participación en sectores como telecomunicaciones, banca, medios y comercio. En los últimos años ha mantenido una postura crítica frente a diversas instituciones públicas, incluyendo el SAT y la SCJN.
