Repudia AI amenazas y acciones de represalia en contra de familiares directos de defensores humanitarios en Sonora

Redacción.- Amnistía Internacional (AI) expresa al Estado mexicano su “profunda” preocupación por la seguridad de Martha Solórzano Martínez, una  activista de San Luis Río Colorado, Sonora, después de que fuera objeto de  repetidas amenazas por parte de agentes de la policía municipal, a causa de las denuncias que presentó contra la policía por abuso de poder, corrupción y malos tratos.El 25 de febrero, Solórzano Martínez organizó una protesta pacífica frente a la jefatura de policía de San Luis Río Colorado, después de que la policía municipal detuviera a su joven hijo el día anterior y le propinara una paliza tan brutal que tuvo que ser hospitalizado.Amnistía Internacional llama a las autoridades a que tomen las medidas inmediatas “para garantizar la seguridad de Martha Solórzano Martínez, Jorge Luis Zavala y otros miembros de su familia; también demanda “una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas y actos de intimidación en contra de Martha Solórzano Martínez y su familia”.La agrupación humanitaria señala que u. agente implicado advirtió a Martha Solórzano Martínez que “guardara silencio y no presentara una denuncia,” el agente le advirtió: “Pinc… vieja […] te voy a echar a los policías y a los militares”.El 9 de marzo de 2012, explica Amnistía Internacional, el hijo de Martha Solórzano Martínez, Jorge Luis Zavala, fue detenido por la policía municipal bajo acusaciones sin fundamente de que presuntamente había participado en un incidente violento y lo declaraba culpable sin proceso alguno. Sin embargo, tanto Jorge Luis Zavala como su familia afirman que “la acusación es falsa” y denuncian que se presentó “como represalia por el activismo de Martha Solórzano Martínez, la madre de Jorge Luis Zavala, quien informó que la policía le dijo al detenerlo: “Ya te conocemos, eres el hijo de la vieja grillera, ahora sí nos la vamos a chingar”.El 1 de marzo de 2014 Jorge fue trasladado, sin explicación, a 600 km de la capital del estado de Sonora. Él y su madre han sido informados por terceros que su vida corre peligro en prisión a causa del activismo de su madre en favor de los derechos humanos.Amnistía Internacional  recuerda a las autoridades mexicanas su obligación de investigar todas las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por agentes de la policía municipal de San Luis Río Colorado, que los agentes sometidos a investigación sean suspendidos de sus funciones y que los resultados de la investigación se hagan públicos.Cabe recordar que en noviembre de 2013, el mecanismo federal de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas ordenó que se asignara protección policial a Martha Solórzano Martínez, a quien se le asignaron dos agentes de la policía estatal de Sonora. Sin embargo, esta protección no abarca los viajes que Martha realice para visitar a su hijo en prisión.Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por el establecimiento, en 2012, del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, muchas de las más de un centenar de personas en situación de riesgo que han solicitado protección no han recibido hasta la fecha una respuesta oportuna o eficaz, generando frustración, inseguridad y desilusión. Aunque el gobierno afirma que está funcionando eficazmente, el mecanismo dista de estar plenamente operativo al carecer de personal formado, recursos y el apoyo político de alto nivel necesario para garantizar que las autoridades apliquen sus medidas de protección en todos los niveles. La impunidad de la que disfrutan las personas responsables de los ataques ?debido a la falta de eficacia en las investigaciones, a menudo realizadas por autoridades estatales sospechosas de participar en las amenazas? sigue favoreciendo que se toleren los ataques. El mecanismo debe ser sólo una parte de una estrategia global para abordar la violencia contra periodistas y contra quienes defienden los derechos humanos.El gobierno federal no ha dado hasta la fecha una respuesta convincente ante el clima imperante de hostilidad hacia periodistas y defensores de los derechos humanos en varios estados, concluye Amnistía Internacional.JE