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Quitan fondos a familias en Chiapas por no ser presbiterianos

Pobladores acusaron que autoridades comunitarias de un poblado les legaron a cuatro familias los apoyos de un programa federal por profesar una religión diferente del resto de la población

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Tuxtla Gutiérrez.- Autoridades comunitarias del poblado José María Morelos y Pavón del municipio de Tumbalá, en el norte de Chiapas, presuntamente negaron a cuatro familias campesinas los apoyos del programa Proárbol, que otorga la Comisión Nacional Forestal ( Conafor), por profesar una religión evangélica diferente del resto de la población.Los afectados, que recientemente se declararon pentecostales, denunciaron que los representantes de la autoridad local, que practican la religión presbiteriana, los “despojaron” del derecho de recibir un monto de 6 mil 678 pesos de dicho programa federal, que les corresponde como parte de las actividades de conservación forestal en la zona.Acusaron también que con el respaldo de la mayoría de los pobladores, que también es presbiteriana, por la misma causa la autoridad de José María Morelos y Pavón impuso una multa individual de 2 mil 500 pesos a los hermanos José y Arturo Mendaño Méndez, quienes son ejidatarios con derechos plenos.Los religiosos aseguraron que los actos de intolerancia los encabezan el presidente del comisariado ejidal, Domingo Sánchez Vázquez; el titular del consejo de vigilancia, Mateo Vázquez Sánchez y el secretario, Belisario Álvaro Arcos, además del agente municipal y del juez rural.Los agraviados acusaron que ante su negativa de abrazar la religión presbiteriana, como el resto del poblado, las autoridades mantienen la amenaza de expulsión contra las 4 familias, que interpusieron ya una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Atención a Grupos Sensibles, Vulnerables y en Contra de la Discriminación, de acuerdo al acta administrativa 14FEAAGSVYCD-MD/2012.En días pasados, dicha Fiscalía citó a las autoridades para que explicaran el problema, pero “regresaron más enojadas a la comunidad y pidieron una cooperación de 200 pesos a cada padre de familia para contratar a un abogado con el fin de contrademandar”, señalaron.Los pentecostales precisaron que el único argumento de las autoridades de José María Morelos y Pavón es que “en el poblado está prohibido tener una religión que no sea la presbiteriana”, que es profesada por unas 60 familias, incluidas quienes asumen la autoridad local.Los evangélicos amenazados calificaron y rechazaron los hechos como un asunto de intolerancia religiosa, que proviene de creyentes cristianos.Las presiones, relataron, iniciaron hace meses cuando prohibieron el ingreso a un pastor pentecostés del municipio de Palenque, que visitaba a las cuatro familias, e impusieron multas de 2 mil 500 pesos a cada uno de los ejidatarios que encabezan el grupo de creyentes.YRM

Fuente: Internet

Fotografía de perfil de Liz Douret

Liz Douret

Editor de Contenidos

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