México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la compra de camionetas de lujo para cada uno de sus ministros, con un costo que oscila entre 1.07 y 1.77 millones de pesos por unidad, y que con blindaje puede alcanzar hasta 3 millones de pesos cada vehículo. La medida ha generado debate público sobre el uso de recursos en medio de políticas de austeridad.
Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró durante su conferencia matutina que de acuerdo con información de la Corte, dicha adquisición generará un ahorro de en comparación con el contra de renta de vehículos anterior.
“Pregunté el día de ayer cuando vi la nota, la Secretaría de Gobernación hizo una consulta al órgano de administración. El informe que nos dieron, una nota informativa, dice que redujeron, había un contrato de renta de vehículo y decidieron sustituirlo por la compra y ahorraron más de mil millones de pesos en este proceso, esa es la nota que nos dieron y obviamente la Corte tiene que informar y todo el comité de administración tiene que informar sobre esta adquisición”, dijo la mandataria.
Con estas palabras, Sheinbaum subrayó que la decisión de la Corte se enmarca en un proceso de sustitución de contratos de renta por compra directa, lo que según el reporte oficial habría generado un ahorro superior a los mil millones de pesos.
Justificación oficial de la Corte por la compra de camionetas
De acuerdo con información institucional, la adquisición responde a la necesidad de renovar la flotilla vehicular utilizada por los ministros, cuyos modelos anteriores databan de 2019 y 2020. La SCJN argumentó que el blindaje es indispensable por el nivel de riesgo que enfrentan los integrantes del máximo tribunal en sus traslados.
¿Cuál fue el precio de las camionetas?
Las unidades Grand Cherokee en las que ya se transportan, tienen un precio de un millón 500 mil pesos y, el blindaje del que fueron dotadas, un costo de casi 2 millones de pesos.
La compra incluyó nueve camionetas, una por cada ministro, con un gasto total que podría superar los 27 millones de pesos si todas las unidades fueron blindadas.
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Reacciones y debate público
La decisión ha generado críticas en distintos sectores sociales y políticos, quienes cuestionan la coherencia de la medida con los principios de austeridad y el contexto económico del país. Para algunos, se trata de un gasto excesivo en bienes de lujo; para otros, es una inversión necesaria en seguridad y protección de los ministros.
La SCJN defendió la compra señalando que se trata de una renovación programada y que el blindaje es un requisito de seguridad, no un lujo personal. Sin embargo, la polémica continúa y se suma a la discusión sobre el manejo de recursos públicos en instituciones del Estado.
