PGR consigna a otro general

México.- La Procuraduría General de la República
(PGR) consignó  al general Rubén Pérez Ramírez y al mayor Iván Reyna
Muñoz, acusados de colaborar con grupos del crimen organizado, quienes la
víspera se reservaron su derecho a rendir declaración preparatoria, en el penal
de alta seguridad de Almoloya de Juárez.
Reyna Muñoz y Pérez Ramírez, presunto testigo colaborador en el
caso de los tres generales y el teniente coronel a quienes la PGR acusa de
colaborar con el cártel de los Beltrán Leyva, solicitaron también la duplicidad
del término constitucional de 72 horas para que se defina su situación
jurídica.
Ambos comparecieron ante el juez tercero de distrito en materia
penal del Estado de México, dentro de la misma causa penal que se inició a los
generales Tomás Ángeles Dawahare, Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawe y el
teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández.
La PGR los puso a disposición del juez hasta la madrugada de ayer,
luego de que los cuatro primeros rindieron su declaración preparatoria en la
que negaron los cargos de colaborar con el cártel de los Beltrán Leyva y
solicitaron también duplicar el término constitucional. Con ellos, son ya seis
los militares consignados en este caso
El mayor Iván Reyna, según la PGR era intermediario entre el grupo
criminal y los generales Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas, a quienes
los Beltrán Leyva, presuntamente, les hacían llegar dinero por el intercambio
de información de inteligencia.
Según las constancias ministeriales del caso, el mayor declaró
que, por orden de Escorcia Vargas, acudió a un restaurante de Cuernavaca a
recibir dinero para el ex subsecretario de la Defensa Nacional.
Respecto de este testimonio, Escorcia Vargas manifestó en su
declaración ministerial que, a petición del subsecretario Ángeles, envió al
mayor a recoger documentos y no dinero, pero el miércoles ante el juez sostuvo
que esa declaración es falsa y que fue obligado a firmarla.
La supuesta colaboración del general Pérez Ramírez con los Beltrán
Leyva es señalada por el testigo colaborador “Jennifer”, quien lo
liga en la operación con el general Roberto Dawe.
Según el testigo, un operador de la organización criminal, sostuvo
una reunión con Dawe en el restaurante El Lago, en Chapultepec, a finales de
marzo de 2007, para proponerle un arreglo con acceso total al aeropuerto de
Cancún, e incluir a varios militares en la nómina del cártel.
Dawe habría respondido que no tenía contactos con los militares de
ese aeropuerto, pero le prometió recomendarlo con el general Rubén Pérez
Ramírez, comandante de la guarnición militar en esa zona.
 Para asegurarse la colaboración de Pérez Ramírez, según el
testigo, Edgar Valdéz Villarreal “La Barbie” le habría enviado 30 mil
dólares durante una entrevista concertada con la mediación de Dawe.
El general Pérez Ramírez habría presentado a “Jennifer”
con los encargados del aeropuerto, pidiéndole arreglarse de manera directa con
ellos, y asegurando que a él no le interesaba participar en dicho arreglo, pues
únicamente lo había atendido por petición del general Dawe.
Defensa evalúa pruebas
La defensa de los otros mandos militares involucrados en el caso
informó que estudia el expediente para analizar qué tipo de pruebas presentará
dentro de la ampliación del término constitucional para que se defina su
situación jurídica.
“Vamos a presentar un escrito con consideraciones técnicas
acerca de por qué las declaraciones de los testigos colaboradores no son
idóneas para acreditar los hechos que se imputan al general”, explicó
Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, abogado del general Ángeles.
El abogado consideró que por lo reducido del plazo es difícil
desahogar pruebas como las testimoniales, e insistió en que la evidencia
aportada en contra de su defendido era insuficiente para librar la orden de
aprehensión, y que en la audiencia de declaración preparatoria no se tuvo
conocimiento de elementos nuevos en su contra, por lo que las pruebas son las
mismas desde el inicio del caso.in