Toluca, Estado de México. – La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, en el marco de la Operación “Enjambre”, se han dictado sentencias que en conjunto suman 1,146 años y seis meses de prisión contra 20 exservidores públicos y policías municipales vinculados con delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada.
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Una estrategia contra la corrupción y el crimen
La operación surgió tras el hallazgo de restos humanos en pozos de Nicolás Romero, lo que llevó a descubrir la participación de mandos y elementos de seguridad en actividades criminales. Desde entonces, se desplegó un trabajo conjunto entre la SSPC, Sedena, Marina, Guardia Nacional, CNI y autoridades estatales para desarticular redes delictivas que operaban con apoyo institucional.
Condenas ejemplares
Entre los sentenciados destacan:
- María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco, condenada a 70 años por homicidio.
- Adrián Mauricio Sánchez Mitre, ex comisario de Nicolás Romero, con dos condenas que suman 190 años por homicidio y secuestro exprés.
- Eulises González Hernández, ex comisario de Acambay, con dos sentencias que acumulan más de 115 años por desaparición forzada y extorsión.
- Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, ex presidente honorífico del DIF de Tonatico, sentenciado a 50 años por secuestro exprés.
Además, siete policías municipales de Nicolás Romero recibieron condenas de 46 años y seis meses cada uno por homicidio calificado.
Impacto en la seguridad
La Fiscalía mexiquense subrayó que estas resoluciones judiciales son resultado de investigaciones de campo, gabinete e inteligencia, que permitieron probar la colusión de autoridades locales con grupos criminales. La operación se mantiene activa y se prevé la judicialización de más expedientes contra funcionarios de administraciones actuales y pasadas.
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La Operación “Enjambre” marca un precedente en el combate a la corrupción y la delincuencia organizada en el Estado de México, al demostrar que incluso altos mandos y autoridades municipales pueden ser llevados ante la justicia por su participación en delitos graves
