Hace unos meses, se propuso crear sanciones a los líderes religiosos que promuevan discursos de odio en sus centros de culto.
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Esta iniciativa fue impulsada por Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, y posteriormente llegó a la Cámara de Diputados gracias a la bancada de Morena durante octubre del año anterior.
Las sanciones que se buscará establecer con esta reforma irían desde una clausura temporal o definitiva del templo, hasta la pérdida de su registro como organización religiosa. Con la incorporación de estas estipulaciones, se vería modificada la Fracción IV del artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
La comunidad de sacerdotes, pastores y líderes religiosos, así como una considerable cantidad de feligreses, han mostrado su inconformidad con la propuesta. Como lo reconoció la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, esta iniciativa se opone a “una parte de los principios doctrinales de las iglesias”.
En efecto, la mayor parte de las congregaciones cristianas profesan principios que desaprueban la homosexualidad, así como la adopción entre parejas del mismo sexo y la despenalización del aborto. En caso de que se apruebe la modificación de ley, los líderes religiosos y sacerdotes no contarán con la libertad de hablar sobre los pasajes bíblicos o dogmáticos que abordan estos temas.
A pesar de la inconformidad y molestia que estas iniciativas generan en la comunidad religiosa del país, la diputada por Morena aseveró que ya resulta pertinente regular los discursos de discriminación. En efecto, Ascencio Ortega afirma que es en estos centros de culto donde se manifiestan las principales barreras contra los derechos de la comunidad LGBT. Asimismo, recalcó que ningún credo puede justificar la promoción de la homofobia.
Con información de Plumas Atómicas
