México. La dirigencia estatal de Morena en Nuevo León interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, por posibles anomalías relacionadas con el manejo de recursos públicos y una supuesta triangulación financiera.
La acusación fue impulsada por la dirigente morenista Anabel Alcocer, quien sostiene que recursos de origen federal y estatal habrían sido transferidos hacia empresas privadas presuntamente vinculadas con un despacho jurídico relacionado con familiares del mandatario estatal.
Señalan posible ruta de recursos hacia empresas y transferencias internacionales
De acuerdo con la denuncia, el dinero habría pasado por distintas compañías intermediarias antes de llegar a la firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C., donde presuntamente participa el padre del gobernador, Samuel Orlando García Mascorro. Posteriormente, según los señalamientos, los recursos habrían sido dirigidos hacia otras empresas, incluida Saga Tierras y Bienes Inmuebles, desde donde se habrían realizado transferencias al extranjero, entre ellas hacia Estados Unidos.
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La denuncia solicita a la FGR revisar la posible existencia de uso indebido de recursos públicos y determinar si hubo movimientos financieros irregulares dentro del esquema señalado por Morena.
¿Qué sigue tras la denuncia presentada contra Samuel García y Mariana Rodríguez?
Hasta ahora el caso permanece en etapa de denuncia. Será la Fiscalía General de la República la encargada de decidir si abre una investigación formal, lo que podría derivar en nuevas diligencias relacionadas con el manejo de recursos públicos en Nuevo León y la revisión de las empresas mencionadas dentro de los señalamientos.
Posibles implicaciones políticas del caso
Si la FGR inicia una carpeta de investigación, el proceso podría generar repercusiones políticas para el gobierno estatal, además de ampliar el escrutinio sobre operaciones financieras vinculadas con actores cercanos a la administración de Nuevo León. Por el momento, no existe una determinación oficial sobre responsabilidades o posibles delitos.
