Miedo sigue reinando en Iguala a pesar de ingreso de Gendarmería

México.- Iguala,
una ciudad tomada por fuerzas federales mexicanas tras la desaparición de 43
estudiantes hace 15 días, no logra desembarazarse del temor con el que vive
entre una policía corrupta y varios cárteles peleándose a muerte.
La
búsqueda de cuerpos continuaba este sábado en cuatro nuevas fosas clandestinas
halladas en Iguala (sur), donde se cree que fueron enterrados algunos de los
estudiantes desaparecidos desde la noche del 26 del septiembre, cuando fueron
brutalmente atacados por policías locales y sicarios.
Muy cerca
de allí fueron halladas el 4 de octubre otras cinco fosas con 28 cadáveres
calcinados que están siendo analizados para confirmar las sospechas de que
puedan ser de algunos de estos estudiantes.
Vecinos
de la zona montañosa donde trabajan los peritos hace años que no salen de sus
casa por la noche, debido al terror que le tenían a los criminales que
irrumpían allí en sus camionetas para deshacerse de sus víctimas.
A veces
se oían “gritos de hombres, bien feo. La otra vez, clarito se oía una
persona, parecía que lo estaban mochando (amputando) con machetes, y también se
escuchaban las risas de otros dos”, relata a la AFP Beto García, un
campesino de 34 años.
Desde las
rendijas de su ventana dice que alcanzaba a ver fogatas y luces de linternas en
la montaña, donde los narcos plantan marihuana.
Cuando está
trabajando en el campo, García y su esposa se llevan chapulines (saltamontes)
en una botella de plástico para tener algo que comer durante el día, porque
incluso temen caminar hasta el mercado.
“La
semana pasada hubo una balacera. Yo salgo de noche y me da miedo que un día te
toque”, confiesa Juana Martínez, una estudiante de 16 años, al caminar
frente al fuerte operativo militar que impide el paso al lugar donde trabajan
los peritos.
Iguala,
situada a solo 200 km de Ciudad de México, es una zona en disputa por varios
cárteles del narcotráfico, al igual que el resto de la convulsa región de
Guerrero.
A uno de
ellos, llamado Guerreros Unidos, se le acusa de contar con el apoyo del
gobierno local y de colaborar con los agentes municipales en las balaceras
contra los estudiantes, que dejaron seis muertos.
Antes de
este crimen, que tiene conmocionado a México, en Iguala (140.000 habitantes) ya
se habían encontrado una treintena de cadáveres en fosas tan solo este año.
– Zona de
cárteles –
Pese al
miedo, los vecinos reconocen un cierto alivio porque la policía municipal de
Iguala fue relevada tras el crimen por el nuevo cuerpo federal de Gendarmería.
Estos
efectivos forman parte de un amplio despliegue ordenado por el presidente
Enrique Peña Nieto, quien prometió encontrar a los jóvenes, aclarar los motivos
del crimen y castigar a los responsables.
Los
agentes de Iguala -26 de ellos detenidos- eran vistos como socios del crimen
organizado. Testigos aseguran haber visto como decenas de los estudiantes eran
transportados en patrullas policiales antes de desaparecer.
Este
crimen dejó en evidencia de nuevo la complicidad de autoridades locales con el
narcotráfico.
La
fiscalía federal asegura que los Guerreros Unidos, traficantes de amapola y
marihuana hacia Estados Unidos, especialmente Chicago, eran hasta hace poco un
grupo con escaso poder que peleaba por el territorio con los cárteles Los Rojos
y La Familia.
Hoy vemos
“una asociación con algunos funcionarios municipales” que hizo que
“crecieran en posibilidades”, dijo esta semana el fiscal Jesús
Murillo Karam.
– Larga
espera –
El
gobierno quiere interrogar al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa,
pero ambos huyeron dos días después de las desapariciones.
El edil
está acusado desde hace un año de homicidio mientras su esposa, María de los
Ángeles Pineda, tiene varios hermanos narcotraficantes.
La
fiscalía federal tenía conocimiento de esta situación pero alegó que la
acusación por asesinato de Abarca era de jurisdicción regional y que a Pineda
no se le podía investigar solo por sus lazos familiares.
La esposa
del alcalde fue acusada en un reporte de inteligencia de ordenar al director de
Seguridad Pública que reprimiera a los estudiantes de la combativa escuela
rural de Magisterio de Ayotzinapa, temiendo que interrumpieran un discurso que
debía pronunciar ese día.
Los
jóvenes, la mayoría entre 18 y 21 años, estaban recaudando fondos en Iguala y
se habían apoderado de varios autobuses para que les regresaran a Ayotzinapa
cuando ocurrieron los ataques.
Salomón
Pineda, uno de los hermanos narcotraficantes de la esposa del alcalde, está
entre los cerca de 40 detenidos por el caso y habría conducido a las
autoridades hasta las últimas fosas halladas, donde dijo que enterraron a
estudiantes.
Sin
embargo, las familias se resisten a perder la esperanza y la fiscalía cree que
hacia el martes o miércoles podrán tener el primer cadáver identificado.
En
México, estudiantes y decenas de miles de personas marcharon el miércoles para
exigir justicia. La ONU y Estados Unidos también reclamaron que esclarezca
pronto el caso.IN